En ese contexto la autoridad fiscal advierte que «la implementación del nuevo marco fiscal europeo en 2025 podría estar alentando comportamientos estratégicos de incrementos de gastos y reducciones de ingresos en el presente».
Y que están haciendo. Pues engordando su gasto este 2024 -hasta en 10.700 millones por encima de lo que marcarían las reglas actuales, según cálculos de la Airef- para que, si en 2025 las nuevas reglas imponen una tasa de crecimiento raquítica, al menos se pueda aplicar sobre una base mayor. Es decir, si el gasto -a efectos de las nuevas reglas- solo va podrá crecer en 2025 el 2% (es una referencia ficticia, a modo de ejemplo, pues aún no se conoce), mejor aplicar este porcentaje sobre un punto de partida mayor (engordado en 10.700 millones), que no sobre otro más bajo; sobre todo, si lo que se quiere es ganar margen de maniobra.
La Autoridad Fiscal detecta que algo de esto es lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda -con la ejecución de las cuentas del Estado- así como la totalidad de los gobiernos autonómicos y 10 de las corporaciones locales que, por su mayor tamaño, son objeto de análisis por parte de la Airef. Se trata de los ayuntamientos de València, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón y Vitoria – Gasteiz; de las diputaciones de Barcelona y Sevilla; del Cabildo Insular de Tenerife y el Consejo Insular de Mallorca y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La Airef ha pedido a Hacienda que active los procedimientos disciplinarios de la ley de estabilidad presupuestaria frente a estas autonomías y ayuntamientos, pero, al menos de momento, esta recomendación formal de la Autoridad Fiscal parece haber caído en saco roto.
En todas estas administraciones, el organismo que preside Herrero observa que el gasto primario (sin contar el pago de intereses de la deuda pública) está creciendo muy por encima del 2,6% que la Comisión Europea había fijado a España (en sus recomendaciones específicas por país). Según la Airef, el gasto total computable a estos efectos crecerá el 4,3% este año, lo cual supone una desviación al alza de 10.700 millones (0,7% del PIB). La Comisión Europea también vaticina que España no va a cumplir ese 2,6%, ya que, según cálculos, el crecimiento del gasto será del 3,8% (algo menor que el que estima la Airef) y eso implicaría una desviación de unos 7.600 millones.
De un modo u otro, es probable que esta desviación del gasto no acabe acarreando para España ningún correctivo de la Comisión Europea este 2024. Las ‘viejas’ reglas fiscales (aun en vigor en 2024) ponen el foco, sobre todo, en el dato del déficit público y este, con alta probabilidad, no superará la referencia del 3% del PIB en 2024. Siendo así, es posible que Bruselas pueda hacer la vista gorda sobre la desviación del gasto en 2024.
Otra cuestión son las nuevas reglas fiscales. En ellas la disciplina girará sobre todo en torno al crecimiento del gasto. De ahí el interés que podrían tener las administraciones públicas por consolidar en 2024 un punto de partida elevado. Ahora bien, la Airef avisa de que el tiro les puede salir por la culata. El organismo advierte de que «de cara al nuevo marco fiscal europeo, que exigirá para los años futuros una senda controlada de gasto computable, un elevado nivel de partida en 2024 puede requerir ajustes más exigentes» en los próximos ejercicios.
La Generalitat de Catalunya también ha intentado jugar la baza de un mayor gasto en 2024 para esquivar el rigor de las nuevas reglas fiscales. Lo intentó el anterior Govern, presidido por Aragonés. Y lo ha sopesado el nuevo, presidido por Illa. Uno y otro eran conscientes de las ventajas que hubieran supuesto haber sacado adelante el proyecto de Presupuestos de Catalunya para 2024. Eran una cuentas claramente expansivas, con un aumento del gasto del 6,3%. Hasta el último momento, el equipo de Illa ha estado sopesando la opción de aprobarlo (a pesar de lo avanzado del ejercicio) ya que ello iba a permitir a la Generalitat un mayor margen de gasto en 2025. Finalmente, Illa ha decidido descartar unos nuevos presupuestos para este año y centrarse en los de 2025.
Todavía no se conoce cuál será el límite al crecimiento del gasto (computable a efectos de las nuevas reglas fiscales) que el Gobierno adoptará en el Plan Estructural para el periodo 2025-2028. Los estados miembros deben presentar sus respectivos planes a Bruselas antes del 20 de septiembre, si bien, las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero, hacen pensar que España podría retrasarse hasta el mes de octubre.
De momento, sólo se conoce el techo de gasto adoptado por el Gobierno para la elaboración del proyecto de Presupuestos del Estado para 2025, que incluye un incremento del gasto computable del 3,2%. Este es el incremento máximo del gasto computable que también deberán aplicar autonomías y ayuntamientos en sus respectivos presupuestos. Pero este límite (que emana de la regla de gasto nacional) es diferente del que se deriva de las nuevas reglas fiscales, pues en un caso y en otro se aplican sobre diferentes conceptos de gasto público.
Según las estimaciones de la Airef, el gasto público (computable según las nuevas reglas fiscales) deberá crecer en promedio un máximo del 2,7% para cumplir las exigencias del nuevo marco en el caso de que el ajuste necesario para el periodo de 2025 a 2028 se puede redistribuir en siete años. Desde el punto de vista de Herrero, esta tasa del 2,7% supone una cifra «exigente en comparación con el promedio histórico», que se ha situado por encima del 4,5% desde 2018 (con la excepción de 2021).
La Airef estima que las nuevas reglas fiscales abocan a las cuentas del conjunto de las administraciones públicas a un ajuste del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio, con datos de PIB de 2024). En caso de distribuirlo en siete años, el ajuste anual necesario sería el equivalente al 0,43% del PIB (unos 5.600 millones para cada uno de los siete ejercicios, con datos de PIB de 2024). En todo caso, se trataría de un ajuste aproximado de unos 40.000 millones (en euros de 2024) repartidos en cuatro o en siete años.
