Lo aprobado recoge que se concedan dos décimas más de margen fiscal a las Comunidades Autónomas en los años 2025 y 2026 con respecto a los objetivos vigentes. Esto supone más de 3.000 millones de margen cada año. Para las Entidades Locales, esta senda les concede una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026. Lo que se traduce en 1.600 millones en el primer año y 3.350 millones más de margen el segundo año. Esta senda con mayores facilidades para los territorios está motivada por el “compromiso con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos”, como ha destacado la vicepresidenta Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por ese motivo, es la misma que la aprobada el pasado mes de julio, y que fue rechazada por las Cortes Generales. El Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, vuelve a remitirla a Congreso y Senado para buscar su aprobación de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2025. Esto permitirá a las CCAA disponer de 6.600 millones extra y a EELL de 4.950 millones adicionales. Cifras que suman esos 11.550 millones de euros que permitirán dar una mejor respuesta a las demandas sociales de los ciudadanos en los servicios que tienen derecho a disfrutar.
Para 2025, el conjunto de las Administraciones tendrá un objetivo de déficit del 2,5%. En 2026, se situará en el 2,1%. En 2027, deberá bajar al 1,8%. La Administración Central asumirá ese mayor esfuerzo fiscal. Para 2025, su objetivo será del 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, se reducirá al 1,8%. Y en 2027, el déficit tendrá que llegar al 1,5%. El objetivo es dar más margen a los territorios. En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo será del -0,1% del PIB en el trienio de la senda. Se recalca así esa apuesta por darles las mayores facilidades, al contar con un margen más amplio para que elaboren sus cuentas y poder ofrecer servicios públicos de calidad.
La Administración Local también contará con mayor margen fiscal. La Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) aprobó que sus objetivos contemplen equilibrio presupuestario durante los tres próximos años. La senda anterior exigía superávit a los ayuntamientos. Por último, la Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios. Atrás dejará el 0,1% que debía alcanzar en 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.
En el Acuerdo se incluye el techo de gasto para 2025, que es el que ya aprobó el Gobierno e informó del mismo al Parlamento, tal y como exige la ley. El límite de gasto no financiero ‘nacional’, sin incluir los fondos europeos, se elevará hasta los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024. Una cifra que responde al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo que no afecta a la ejecución de fondos europeos, que sigue a pleno rendimiento. “Hasta finales de agosto se han autorizado más de 16.000 millones de euros, lo que supone casi la mitad (44,3%) de lo presupuestado”, ha explicado la ministra de Hacienda. Todas estas cifras serán la base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Estos PGE incluirán un incremento de las partidas destinadas para los servicios públicos que se combinarán con la estabilidad presupuestaria. Se mantiene así la política de cumplir los compromisos asumidos con la Comisión Europea e incrementar los recursos en sanidad, educación o el empleo de los ciudadanos. A lo que se suma la reducción del déficit público, que ha bajado en más de 60.000 millones de euros, pasando del 10,1% del PIB en 2020 al 3,6% en 2023.
Los Objetivos de Estabilidad que se remitirán al Congreso conceden dos décimas más de margen a las autonomías en 2025 y 2026 con respecto a los objetivos vigentes
En el caso de la senda de los ayuntamientos, contarán con una y dos décimas, respectivamente, en esos mismos años
Dentro del periodo 2025-2027, el déficit del total de las Administraciones Públicas se reducirá al 2,5% en el primer año, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027
La Administración Central será la que asuma la mayor parte de la reducción del déficit, lo que facilitará esa mayor disponibilidad de recursos para CCAA y EELL
