Podrá criticar todo lo que quiera al PP, a Junts o a todo aquel que se le cruce por los pasillos del Congreso o del Senado, pero la realidad es que como todo lo que viene del Gobierno, en esta Legislatura, está pendiente de un hilo que cambia de nombre según las circunstancias: PNV, Junts, ERC, Podemos, etc, pero que muestra a las claras que le Gobierno ni manda, ni gobierna, simplemente esta al servicio de los interese de terceros, aunque ni el mismísimo Sánchez quiera reconocerlo.
Y es que en este momento, por seguir con los PGE 2025, estos están sin calendario y con un mas que incierto arranque de negociaciones y discusiones.
Pero el Gobierno no tiene ni mucho menos la certeza de que pueda sacar adelante los objetivos de estabilidad, porque Junts se sumó en julio a PP y Vox y se los tumbó, como tampoco sabe si verán la luz las propias cuentas públicas. Navega en un mar de incertidumbre porque tiene que avanzar el otoño para que puedan ir despejándose algunos nubarrones, como los congresos de sus socios de ERC y Junts, en los que tendrán que recalcular su hoja de ruta y redefinir su relación con los socialistas.
Ni en público ni en privado en el Ejecutivo — ni los dos socios de coalición, PSOE y Sumar — son capaces de aventurar cuándo podrán llegar los Presupuestos del Estado al Congreso, y en cualquier caso no se descarta que puedan ser rechazados por falta de apoyos. Ante ese escenario, sí hay una respuesta de la Moncloa, al menos por ahora: la legislatura continuaría porque Sánchez no adelantaría elecciones. Lo que parece evidente es que no se cumplirá aquello que siempre enfatizaba el líder socialista de que todas las cuentas anuales se aprobaban «en tiempo y forma», antes del 31 de diciembre de cada ejercicio.
En estos momentos, el Ejecutivo defiende los objetivos de estabilidad propuestos que no son otros que los que ya le tumbaron hace escasos meses, así que todo depende de lo que pienden hacer los independentistas de Puigdemont, que fueron los que los tumbaron en ese momento.
Montero alegó que se aprueban los mismos objetivos de déficit y deuda porque «lo que es excelente es difícil de mejorar», porque la «generosa» senda aprobada por el Ejecutivo —y que recibió la abstención de las comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— da mayor capacidad financiera a CCAA y ayuntamientos para financiar sus servicios que la que hoy está vigente, más restrictiva. En concreto, ahora se imponen unas metas menos estrictas a las autonomías —se les permite un déficit del 0,1% del PIB en todo el periodo, cuando antes se les exigía una décima de superávit— y a los consistorios —se les pide llegar al equilibrio presupuestario, cuando con la senda anterior tenían que alcanzar un 0,1% y un 0,2% de superávit en 2025 y 2026—. Además, el Consejo aprobó un mismo límite de gasto no financiero o techo de gasto para el Presupuesto de 2025 (del que se informa a las Cortes, pero que no se vota): 195.353 millones, un 3,2% más que en 2024. Suponen 6.138 millones más.
Una vez estén claras las metas de déficit y deuda para el periodo, llegará el momento de rematar el borrador de Presupuestos y de llevarlos al Congreso para que arranque su tramitación parlamentaria.
En este contexto es imposible fijar un calendario y la única estrategia que se les ha ocurrido a los chiquitos de Moncloa es apretar públicamente lo máximo posible al PP, venga a cuento o no.
