La querella se presentó por parte de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) y se amplió después de que Sánchez empleara los Servicios Jurídicos del Ejecutivo para querellarse contra Peinado, el juez que mantiene imputada a su mujer y que acudió a La Moncloa para interrogarlo a él como testigo.
En una providencia del pasado 4 de septiembre, el Tribunal sigue la vía normal de cualquier querella que entra en el Supremo al registrarla y designar a los miembros de la Sala de lo Penal que tendrán que decidir sobre este asunto.
Romeral, presidente de la Asociación denunciante, inició esta actuación contra Sánchez y Gómez por delitos tráfico de influencias, negociaciones prohibidas entre funcionarios y encubrimiento, el pasado 20 de mayo. Poco después de que Peinado abriera la investigación contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En ese momento sólo denunció a la pareja, pero posteriormente, la querella fue ampliada por el uso de la Administración supuestamente para el propio beneficio personal del presidente. Es decir, por utilizar a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Peinado.
Por eso, la ampliación se dirige contra la letrada que ha interpuesto la denuncia contra el magistrado Peinado por prevaricación y contra Bolaños de cuyo ministerio penden los servicios jurídicos del Gobierno. Ahora, el Supremo ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión a trámite del asunto y se ha designado como ponente a Marchena.
