Si finalmente llega a buen puerto, como parece ser dado el acomodo encontrado en una mayoría parlamentaria, la propuesta del Gobierno supondría la entrada en vigor de la jornada de 38,5 horas semanales el próximo 1 de enero de 2025, bajando gradual y progresivamente hasta las 37,5 horas semanales.
Aunque esta medida todavía no se ha aprobado, nuestros expertos comparten algunos de los efectos que, a su consideración, conllevaría dicha reducción:
Supondrá un aumento de costes para las empresas, al reducir las horas y mantener los salarios. En algunos sectores, como hostelería o servicios, obligaría al empresario a abonar más horas extras.
Probablemente conlleve una congelación salarial del personal hasta que la empresa absorba los cambios organizativos que supondría.
Las PYMES, que forman gran parte de nuestro tejido empresarial, se verán especialmente afectadas y deberán encontrar la manera de mantener su productividad sin dejar de ser competitivas.
Al déficit de talento actual se le sumaría la dificultad de encontrar el talento que acepte trabajos de pocas horas para poder cubrir las necesidades de las empresas.
Si la reducción se produce de manera unilateral, minaría la capacidad de negociación colectiva.
Deberá llevar consigo un mejor registro de la jornada, su duración y distribución, algo que todavía no se ha planteado.
Está por ver cuál va a ser el verdadero recorrido de esta medida, pendiente de aprobación por parte del Ejecutivo, y de cómo afectará finalmente al mercado laboral.
