La nueva coyuntura internacional, marcada por la competencia en aumento entre las grandes economías del planeta -sobre todo Estados Unidos y China-, por el deterioro del multilateralismo, el retorno a la política industrial y la batalla para reducir la dependencia estratégica en medio de las transiciones verde y digital obligan a la Unión Europea -y a cada uno de los Estados miembro- a moverse rápido y de forma decidida.
En este sentido, las empresas españolas reclaman una «consciencia estratégica» en la toma de decisiones en todos los niveles del Gobierno y la Administración- y que ésta se haga en constante diálogo en el sector privado-, así como un mayor consenso político y visión de Estado. Piden, además, medidas encaminadas a la simplificación administrativa y la reducción de cargas a través de una mayor participación del sector privado en los procesos de consulta, tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y local; así como un aumento y mejora de la efectividad de la colaboración público-privada.
Las compañías y sectoriales consultadas incluyen, entre los riesgos y desafíos que tiene que encarar el sector privado y que más preocupan en el corto y medio plazo las disrupciones en las cadenas de suministro, el marco regulatorio restrictivo (con objetivos ambiciosos que no tienen en cuenta las necesidades para alcanzarlos, llevando mayores cargas regulatorias), la fragmentación del Mercado Único y la falta de competencias y capacidades que conllevan, entre otras cosas, obstáculos para la formación y retención del talento.
Para encarar los desafíos que implica la nueva coyuntura internacional, el sector privado identifica una serie de fortalezas y oportunidades. En opinión de las empresas consultadas sería necesario promocionar unas cadenas de suministro más resilientes a los choques globales (con incentivos para traer producción de vuelta a Europa, lo que permita la diversificación y acercamiento de los proveedores, por ejemplo), así como introducir nuevos mecanismos para proteger y avanzar en el Mercado Único, aprovechar la transición energética y profundizar en el entendimiento con países que comparten preocupaciones e intereses.
«La UE tiende a funcionar bien cuando es necesario responder de manera urgente, pero hay sensación de que cuando problemas los de medio y largo plazo suele ser más lenta», ha lamentado el ministro de Economía, Cuerpo, en el discurso de clausura del acto que ha servido de presentación al informe. Cuerpo ha recordado que el riesgo es que las grandes propuestas queden relegadas porque «no seamos capaces de ponerlas en marcha», por lo que ha apostado por construir hoja de ruta ambiciosa, pero viable y realista.
El titular de Economía ha incidido en que al hablar de autonomía estratégica, primero debe estar la defensa de Europa y de un mundo multilateral con reglas comunes para todos, con un refuerzo de la red de seguridad financiera internacional; en segundo lugar, poner énfasis en la descarbonización con un vector de competitividad y de crecimiento a largo plazo; y en tercer lugar, está el elemento social o modelo social, que forma parte del ADN integrador de la UE.
En este contexto, Cuerpo ha abogado por una reforma de la gobernanza en la Unión Europea (UE) para mejorar los plazos en los que se sacan adelante medidas, que actualmente tardan cerca de 19 meses, para ir hacia un método que reduzca los plazos. Así lo ha trasladado el titular de Economía durante la clausura de la presentación el informe ‘La empresa Española ante la Autonomía Estratégica Europea’, donde ha defendido la propuesta del Laboratorio Europeo de Competitividad presentada hace una semana en el Ecofin como una medida que ayudaría a desarrollar proyectos desde «el día uno y no esperar 19 meses» hasta que los estados miembros alcancen un acuerdo. «Esta idea es una iniciativa que nos permite ir probando nuevos proyectos de integración en un entorno controlado. (…) Puede establecerse un grupo mínimo de tres Estados miembros, a que se podrían ir uniendo otros en cualquier momento, expresan su interés en lanzar un nuevo proyecto que tenga un impacto positivo en materia de competitividad europea o de integración. La Comisión va de la mano, y se encargaría de hacer una evaluación de estos proyectos», ha detallado sobre la propuesta.
Cuerpo también ha pedido actuar sobre la brecha de financiación que existen en la UE, con una necesidad de financiación de cinco puntos del Producto Interior Bruto (PIB) europeo frente a un presupuesto que alcanza solo el 1,1% del PIB. Para ello, ha indicado se debe movilizar la financiación privada, pero también movilizar recursos públicos, tanto en el ámbito doméstico como europeo. «En el ámbito doméstico tenemos que continuar con este compromiso de apostar por la inversión como factor de crecimiento a largo plazo (…) y en el ámbito europeo, aprovechar al máximo nuestras instituciones financieras europeas, pero también plantear, desde luego, cuál va a ser la dimensión que tenga el elemento de financiación conjunta, una vez que se termine el ‘Next Generation'», ha expuesto.
Por otro lado, Cuerpo también ha vuelto a defender el ‘Régimen 20’, una medida con la que pretende aterrizar a la realidad española el ‘Informe Letta’ y acabar con la fragmentación del mercado interior y reducir las cadenas administrativas a las que se enfrentan las empresas en España.
Por último, Cuerpo ha insistido en la necesidad de crear un gestor utilizando la Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de ahorrar tareas en pymes y empresas y liberalizar tiempos que podrían utilizar las compañías en reducir la jornada o avanzar hacia la conciliación. «La idea es, de nuevo, muy simple, es crear un gestor artificial de interacción sencilla que permita un tratamiento individualizado, que reduzca el tiempo, que reduzca el coste y el esfuerzo de estas gestiones administrativas liberando horas», ha indicado.