Mientras que en anteriores informes alertaba de que medidas como el control de precios podrían mermar la seguridad jurídica y reducir la oferta, ahora justifica la intervención pública. Concretamente, apunta a que «un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública».
Según el banco supervisor, «estos significativos esfuerzos dificultan la emancipación de los jóvenes y su capacidad de acumulación de capital humano, disminuyen la movilidad geográfica de los trabajadores, y dan lugar a situaciones tanto de sobresfuerzo y consumo restringido como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos», apunta el informe El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: Evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo.
Asimismo, el Banco de España alerta de que nuestro país es la economía europea con una mayor ratio de hogares en alquiler en riesgo de pobreza o de exclusión social. Así, pone sobre la mesa una cifra alarmante: «alrededor de un 45% de la población que residía de alquiler a precios de mercado se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social en el periodo 2015-2023».
Además, destaca en su informe que el actual sistema para controlar los precios del alquiler cuenta con importantes carencias. Así, la entidad cuestiona el Sistema estatal de referencia del precio del alquiler que el Gobierno aprobó el pasado mes de febrero. En concreto, considera que «persisten carencias relativas al alcance temporal de la información, al tratamiento de los efectos composición en la tipología de la vivienda arrendada, así como limitaciones en la cobertura geográfica y en la tipología de arrendatario o al análisis de los flujos de viviendas arrendadas». Sobre el retraso de la información, cree que no permite realizar un análisis «contemporáneo» sobre el estado actual del mercado residencial.
El organismo señal que «la magnitud del problema diagnosticado hace difícil vislumbrar que actuaciones aisladas de corto plazo puedan tener el alcance suficiente como para reducir de forma significativa las actuales dificultades de acceso a la vivienda». En este sentido, el organismo realiza una serie de recomendaciones para solventar el problema de la vivienda en nuestro país y apunta a políticas tributarias y poner el foco en los colectivos más vulnerables
Concretamente, considera deseable que las medidas adoptadas por las distintas administraciones «contemplen un horizonte temporal amplio, involucren a las distintas AAPP con responsabilidades en materia de vivienda y pongan un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda».
Asimismo, pide un «marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados». Además, cree necesario que «la asignación de los recursos pudiera priorizar actuaciones sobre los colectivos más vulnerables y considerar otros ámbitos que afectan al mercado de la vivienda, como los relativos al funcionamiento del mercado de trabajo, al dinamismo de la productividad de la economía y a las políticas tributarias y de transporte».
Por otro lado, el informe pone el foco en la problemática sobre la oferta de vivienda en alquiler, que se ha visto afectada y mermada por el incremento del alquiler de temporada. En este sentido, cifra en un aumento de hasta el 45% de este tipo de alojamientos temporales. «Este aumento de la oferta se ha visto limitado ante el auge de usos alternativos de la vivienda (alquileres turísticos, de habitaciones y de temporada), el reducido parque de alquiler social y el escaso dinamismo de la inversión del sector privado institucional en el mercado del alquiler residencial».