Según consta en las cuentas del grupo Globalia correspondientes al ejercicio 2019, «en febrero de 2016, la sociedad como cabecera del grupo fiscal, recibió una notificación por la que se iniciaban actuaciones de inspección y comprobación de carácter parcial por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicio 2012 a 2015». Unos meses después, el 5 de mayo de 2017, la sociedad firmó actas en disconformidad.
Globalia explica que «el carácter de la comprobación era parcial debido a que se centraba en la comprobación de las operaciones exentas declaradas por la entidad Air Europa Líneas Aéreas». El importe de este acta ascendía a 5,8 millones de euros, más los correspondientes intereses de demora. En noviembre de 2017 se interpuso la correspondiente reclamación económico administrativa, pero al cierre del ejercicio 2019 estaba aún «pendiente de resolución».
Uno de los criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias del rescate de la Sepi era hallarse al corriente a 31 de diciembre de ese año en el cumplimiento tanto de sus obligaciones tributarias como ante la Seguridad Social. Aunque es cierto que el rescate no se concedió a Globalia, el contencioso abierto se correspondía con exenciones fiscales de Air Europea. Ante la duda sobre la posibilidad o no de poder ejecutar el rescate, al tener el accionista mayoritario una deuda con Hacienda, la Sepi elevó una consulta a la Abogacía del Estado, que emitió un informe favorable, concluyendo que no existía argumento alguno para justificar la negativa. El rescate, en cualquier caso, tampoco fue a parar directamente a la aerolínea, sino a una sociedad interpuesta que se había creado apenas unos meses antes, en noviembre de 2019, y que al cierre de dicho ejercicio no tenía actividad alguna, ni ingresos ni empleados. Se trata de Air Europa Holding, propietaria del 100% de las acciones de la aerolínea. Las acusaciones particulares, que ejercen asociaciones como Iustitia Europa, Hazte Oír o Manos Limpias, denuncian además que el pago del rescate de 475 millones de euros se hizo en dos tramos distintos «para poder eludir el control de la Comisión Europea».
Desde Air Europa explican, no obstante, que «todo se hizo dentro de la más estricta legalidad y de acuerdo a lo exigido por la Sepi», insistiendo, además, en que «los fondos fueron a parar a la aerolínea». Aunque el Tribunal de Cuentas concluyó, de hecho, que la Sepi «elaboró un procedimiento para tramitar las solicitudes de apoyo financiero ajustado a la normativa», asegura también que el rescate concedido a la aerolínea se tramitó cinco veces más rápido que el resto, tal y como adelantó elEconomista.es el pasado 1 de octubre. Según el Tribunal, la ayuda requerida por la compañía que dirigía Javier Hidalgo fue tramitada y aprobada en tan solo 70 días, frente a la duración media de 355 días en la resolución de la treintena restante de operaciones.
Cabe recordar aquí, que, de acuerdo con el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el comisionista vinculado al caso ‘Koldo’, Aldama, «se valió de su relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exasesor de éste, para influir en la concesión final del rescate» a la aerolínea. Es más, Aldama, según los investigadores, negoció la deuda de 200 millones de dólares que la compañía mantenía con el Gobierno de Venezuela. Por estos supuestos «servicios de asesoría», que finalizaron días antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de la aerolínea por 475 millones de euros, Aldama cobraba 10.000 euros mensuales. Esas negociaciones se enmarcan también en el mismo periodo en que Aldama y el propio Hidalgo se reunieron con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, investigada ahora por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
