Y lo peor de todo es que los que tienen en sus manos esos resortes y los utilizan, además son tan pagados de si mismo que lo pregonan a los cuatro vientos, como si ellos tuviesen su bula particular que les permitiese aprovecharse de esa información especialísima.
Y es que además lo hacen como si eso fuese normal y no un delito,
Así, la vicepresidente primera y segunda personalidad del socialismo-sanchismo ha hecho público uso, en rueda de prensa improvisada en los pasillos del Congreso de unos detalles de la vida privada del novio de la presidenta de Madrid que hacen sospechar lo peor.
La señora Montero señaló que «vamos descubriendo cosas que son absolutamente impensables, extravagantes y que desde luego, no delatan ignorancia», Y añadió «el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen… Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará».
Si este tipo de actuación no es jun a burdas copia de un estado policial en el que las autoridades manejan informaciones prohibidas al resto de los ciudadanos ya me dirán ustedes que es lo que es.
Lo peor de todo es que hay otro tipo de entidades, medios de comunicación afines al gobierno que disponen también de informaciones que solo organismos ligados a Hacienda o similar puede conocer. Así, noticias difundidas, este miércoles, en varios medios de comunicación como La Sexta o La Ser hacen ver que son datos personales de un ciudadano particular que, detallan una serie de gastos (como pelotas de tenis, hilo dental o desodorante) que no sólo nunca se intentó desgravar sino que «no constan» en ninguna causa judicial.
Así que mas vale que las autoridades pertinentes empiecen a ser responsables de sus actos delictivos o podemos enfrentarnos a una batalla de consecuencias insospechadas, en la que todo valga hasta que lleguemos a limites nunca antes vistos.
De momento, los abogados de González Amador habrían exigido –vía burofax, y en ejercicio del derecho de rectificación–, no sólo que las desmientan sino que eliminen cualquier referencia a las mismas de sus respectivas páginas web.
