Además, aboca a estos ciudadanos a asumir también el pago del ejercicio 2024, que se liquidará en la primavera de 2025 a la par que la campaña de la Renta. Esto engrosaría aún más la cifra de potenciales devoluciones por parte de la Agencia Tributaria, si finalmente la Corte de Garantías lo declara ilegal, a unos 6.500 millones de euros.
El Impuesto de Patrimonio grava las fortunas por encima de los dos millones. El origen de la polémica está en la Ley de Presupuestos de 2021 en la que el Ejecutivo hizo permanente el tributo –era temporal desde que se reactivó en 2010 con motivo de la crisis– y se subió el tipo máximo, que afecta a los contribuyentes con una fortuna por encima de los 10,6 millones, del 2,5% al 3,5%. El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Corte de Garantías ante estas modificaciones, que admitió en abril de 2021.
A pesar de que distintas fuentes indicaron que el Constitucional resolvería la cuestión primero en el verano de 2023 y, después, antes de que acabara ese ejercicio, la incertidumbre se extiende a día de hoy y obliga a los contribuyentes a impugnar las liquidaciones año a año para garantizarse la devolución si se declara inconstitucional. Cabe recordar que el Constitucional, cuando anuló el impuesto de la plusvalía municipal, limitó la devolución solo a aquellos contribuyentes que hubieran impugnado la liquidación ante la Agencia Tributaria y la causa continuara viva en vía administrativa o judicial.
