Una vez en el Senado, el PP ha dilatado su tramitación hasta el máximo y vetará la ley para que sea el Congreso el que la mandé al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con este proyecto de ley, el Gobierno central y el de Navarra quieren «blindar» la competencia de tráfico para la Comunidad foral, después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló este traspaso. Para ello proponen modificar el artículo 49 de la Lorafna explicitando que «además de las facultades y competencias que viene ostentando, corresponden a Navarra la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico». Asimismo, en el artículo 51 se añade un nuevo punto que especifica que será la Policía Foral quien ejerza esta competencia.
El acuerdo fue anunciado el pasado mes de abril tras una reunión entre la presidenta autonómica, María Chivite y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pero para su aprobación definitiva el proyecto de ley necesitaba ser aprobado tanto en el parlamento foral como en las Cortes Generales.
El Pleno del Parlamento navarro ya hizo lo propio el pasado mes de mayo con el voto favorable de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que el PP y Vox votaron en contra.
