Según las cuentas del sector, para llegar al nivel pactado con la Comisión Europea dentro de los ciclos de planificación de cada sexenio, se tendrían que licitar y contratar anualmente proyectos por 6.300 millones de euros, pero la cifra apenas alcanza el 57% de esta cantidad, según desvelan los datos que ofrece la patronal de la construcción Seopan.
Durante los años 2022 y 2023 se han llevado a cabo licitaciones por 5.534 millones de euros, frente a los 12.600 millones que hubiesen sido necesarios, un 43%. De este cantidad, se desconoce en estos momentos cuantos proyectos han llegado finalmente a contratarse ya que habitualmente una parte importante de las licitaciones quedan desiertas.
Si vamos al detalle de estas licitaciones en los dos primeros años del tercer ciclo de planificación, el año pasado se destinaron a infraestructuras hidráulicas 2.261 millones de euros frente a los 3.273 millones del ejercicio anterior, lo que supone que lejos de acelerarse el ritmo inversor con el avance de la planificación estamos asistiendo a una reducción del 30,9% de los proyectos que logran arrancar.
El mayor deterioro se registró en las cantidades dedicadas a rehabilitación de infraestructuras que se rebajaron de los 1.627 millones del año 2022 a los 864 millones en 2023.
En lo que respecta a obra nueva, el tijeretazo de la inversión se suaviza pero mantiene la misma tendencia a la baja. Mientras que en 2022 se destinaron 1.645 millones, este pasado ejercicio la cifra alcanzó los 1.396 millones, un 15,2% menos.
Para presas y embalses se licitaron obras por un total de 47,9 millones en 2023. Esta cifra se desglosa en 17,6 millones para obra nueva frente a los 29,5 millones de 2022, un 40,4% menos. En lo que respecta a la rehabilitación de las infraestructuras existentes la cantidad pasó de los 37,4 millones del 2022 a 30,3 millones en 2023. Y la parte de abastecimiento y colectores siguió la misma senda con una rebaja del 18,5% de los 1.644 millones que se destinaron en 2022 a los 1.339 millones que se han licitado en 2023.
La Directiva Marco del agua establece para los Estados miembros la redacción y remisión a la Comisión Europea de sus planes hidrológicos de cuenca con programas de medidas, impacto ambiental y análisis económico del uso del agua para alcanzar los objetivos medioambientales y configurando cada sexenio un nuevo ciclo de planificación hidrológico.
España siempre ha arrastrado los pies con estas medidas. En 2009 se incumplió la aprobación de estos planes hidrológicos, lo que motivó una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en octubre de 2012. Posteriormente, el 7 de marzo de 2016, la Comisión Europea archivó este expediente, tras la aprobación de los planes del segundo Ciclo, correspondiente a los años 2016-2021. Este segundo Ciclo, que recibió la luz verde el 8 de enero de 2016, incluía ya 16 planes hidrológicos, 12 de competencia estatal y 4 de competencia autonómica.
Posteriormente, un año fuera de plazo, se aprobó el tercer Ciclo 2022-2027 con 11.677 medidas y los ya explicados 37.938 millones de euros de inversión, financiando Estado, CCAA y entidades locales el 46,7%, 36,3% y 10,2%, respectivamente. El 7 de febrero de 2024, Bruselas llevó a España ante el TJUE por no haber ultimado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca y de gestión del riesgo de inundación de las Islas Canarias (Lanzarote, Fuerteventura y La Palma), y por tener, al menos, 195 vertederos ilegales sin cerrar, sellar o restaurar desde el año 2008.
Según recoge Seopan en su informe Construcción e Infraestructuras: Balence y Estrategia 2023-2024 Eurostat certifica que los niveles de inversión pública en España son insuficientes en infraestructuras de transporte, de depuración y de abastecimiento de agua con registros un 46%, 57% y 57% inferiores a los de 2010. De este modo, la falta de inversión pública nominal en [2011-2022] con respecto al nivel de 2010 en estas infraestructuras, supera los 135.000 millones.
Si elevamos la mirada y vamos a los Presupuestos Generales del Estado, según los cálculos de Asagua, desde el año 2002 al 2021 se han introducido partidas por 10.606 millones de euros. De esta cantidad, sólo 7.689 millones fueron ejecutados y se quedaron pendientes 2.917 millones, un 27% menos.
En la partida destinada a calidad del agua, las cifras que maneja esta patronal indican que se presupuestaron 4.105 millones pero sólo se ejecutaron 2.943 millones de euros, es decir, volvieron a quedarse en el cajón 1.162 millones, un 28% menos.
Las empresas de ASAGUA, dedicadas a la construcción de infraestructuras del agua y a su operación y mantenimiento, han advertido, que el deterioro de las infraestructuras del agua por el déficit de inversión acumulado en los últimos quince años, alcanza en el ciclo urbano del agua los 35.000 millones de euros. Un escenario que pone en riesgo la correcta prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado explican que no resultan sostenidas en el tiempo; no crecen en la misma proporción que la inflación y fluctúan cada año, dando lugar a un modelo de dientes de sierra. Además, no son vinculantes y, por tanto, son susceptibles de cambios, una situación que en la práctica supone gastar menos de lo presupuestado.
En 2023, el grado de cumplimiento de los presupuestos dedicados al agua ha sido poco satisfactorio pese a que España continúa afrontando multas por no tener bien depuradas todas sus aguas.
La escasez de licitaciones y su reparto irregular han provocado bajas en las licitaciones, obstaculizando el cumplimiento de los contratos y la calidad del servicio.
ASAGUA aboga por la elaboración de pliegos que busquen la oferta con mejor relación calidad-precio con la vista puesta en evitar que una oferta técnica mediocre se alce con la adjudicación por llevar asociada una propuesta económica de difícil cumplimiento. Para ello, explican que es importante que los pliegos establezcan umbrales técnicos, eliminando la posibilidad de que la valoración económica permita la adjudicación a malas ofertas técnicas. Una de las herramientas para evitar estas situaciones, frecuentes en los últimos años, es la utilización de la presunción de la temeridad de las ofertas, rechazando las ofertas que incurran en ella.
Esta insuficiente inversión pública, además de los riesgos que supone para situación catastróficas como la actual, conllevan la desaparición de empresas y, con ello, la pérdida de empleos cualificados, restando capacidad a un sector español del ciclo urbano del agua, puntero a nivel internacional que genera en nuestro país 27.000 empleos directos, 35.000 indirectos y factura más 7.500 millones de euros al año.
Ipsos en su estudio anual Global Infraestructure Index, que analiza, entre otros elementos, el nivel de satisfacción de la ciudadanía hacia las infraestructuras determina que más de la mitad de la población en España (55%) considera que las infraestructuras del país contra las inundaciones son pobres, formando parte del ‘top tres’ de infraestructuras que peor calificación otorga la ciudadanía tras la vivienda nueva (71%) y la recarga de vehículos eléctricos (62%). Sin embargo, pese a esa percepción y valoración, la ciudadanía española no considera una prioridad de inversión mejorar estas infraestructuras. En este caso, sólo un 27% de la población la considera una prioridad, mientras que invertir en infraestructuras de energía solar (40%), ferroviaria (37%) o de red de abastecimiento de agua y alcantarillado (36%), marcan las preferencias principales de la ciudadanía a nivel nacional.
