La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una sentencia de 59 años de cárcel para José Manuel Villarejo por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental, así como 42 años para el antiguo director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por los presuntos encargos ilegales realizados por el entonces comisario para la energética entre los años 2004 y 2011.
El Ministerio Público acusa a Villarejo de delitos continuado de cohecho pasivo y de revelación de secretos, además de diez cargos adicionales de descubrimiento y revelación de secretos, uno por cada uno de los presuntos encargos. Anticorrupción ha solicitado también una indemnización por responsabilidad civil a varios afectados por una suma de 285.000 euros, a pagar de forma conjunta por Villarejo, Asenso y el socio del comisario en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, para quien pide 50 años y seis meses de prisión. La Fiscalía insta a que tanto Iberdrola como la Administración General del Estado deban responder de forma subsidiaria.
Se trata de la pieza separada del caso Tandem, que investigaba si la compañía energética contrató al excomisario por un millón de euros para obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses. El fiscal ha pedido también decretar el decomiso de los 1,45 millones de euros abonados por el Grupo Iberdrola al Grupo Cenyt por la ejecución de los diferentes proyectos de investigación.
En octubre de 2023, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechazó un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ratificó el sobreseimiento libre para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa, si bien situó a la eléctrica y a la Administración como responsables civiles subsidiarios.
Según relata la Fiscalía, entre 2004 y 2011 Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola y con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo Pérez se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía encargó a éste diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola.
El objeto de las investigaciones encargadas era, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión. Entre esos trabajos destaca la investigación al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, una de sus principales competidoras en el mercado, para lo cual accedieron a las llamadas telefónicas de éste y recabaron información sobre personas con las que contactó en el marco de la opa que Gas natural realizó en 2005 sobre Endesa.
Asimismo, Villarejo se encargó de investigar a dos directivos de la compañía por sus posibles vinculaciones con el presidente de ACS, Florentino Pérez, aunque finalmente el informe acreditó que los directivos no habían facilitado a «Flo», como se le denomina en el documento, información sensible sobre Iberdrola. También se realizó un seguimiento sobre el propio Florentino Pérez, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola, recuerda el auto.
Para justificar los pagos realizados y recibidos por cuenta de Iberdrola se emitieron una serie de facturas con conceptos que no respondían a los servicios prestados, con lo que se pretendía ocultar además que Villarejo estaba entonces en activo.
