Los principales mensajes del estudio son los siguientes:
Desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, en España se han aprobado 81 subidas de impuestos y cotizaciones. Además, no se han ajustado los impuestos para tener en cuenta el aumento de la inflación, que acumula una escalada cercana al 19 por ciento bajo mandato del dirigente socialista.
Pese a esta tendencia, el PSOE ha propuesta hasta 46 nuevas medidas recaudatorias en 2025, la mayoría de ellas volcadas en elevar más aún la presión fiscal soportada por empresas y familias. Sin embargo, la precaria aritmética parlamentaria sobre la que se sustenta el gobierno hace difícil aventurar cuáles de estas medidas terminarán entrando en vigor.
De momento, bajo gobierno de Pedro Sánchez, entre 2019 y 2023, se han adoptado subidas de impuestos por valor de 9.625 millones, así como incrementos de las cotizaciones valorados en 26.115 millones. A estas cifras hay que sumarle el incremento recaudatorio vía inflación, que ha supuesto una subida encubierta de la tributación por valor de 27.100 millones.
Aunque el gobierno haya aprobado algunas modificaciones a la baja de determinados impuestos, en la mayoría de los casos se ha tratado simplemente de bonificaciones puntuales, como vimos con el IVA o el Impuesto de Hidrocarburos a raíz de la crisis inflacionaria. En términos netos, por cada 1 euro dedicado a medidas de alivio fiscal se han adoptado 3,4 euros de incremento recaudatorio, lo que arroja un saldo muy negativo para los contribuyentes.
Los casi 42.000 millones de impacto acumulado de las subidas de impuestos y cotizaciones de 2019-2023 equivalen a unos 2.200 euros por hogar. En 2019 se adoptaron 11 medidas recaudatorias, seguidas de 12 en 2020, 20 en 2021, 10 en 2022 y 17 en 2023. Durante el presente ejercicio 2024 se han cuantificado 11 modificaciones al alza de impuestos y cotizaciones.
España es el tercer país de la Unión Europea que más ha elevado su presión fiscal desde Pedro Sánchez llegó al poder, en 2018, hasta el pasado año 2023. El incremento ha sido de 2,9 puntos del PIB, en marcado contraste con la reducción del 0,8 por ciento apreciada en la UE-27.
El gobierno ha pretendido justificar sus continuas subidas de impuestos apuntando que Bruselas habría recomendado a España una “convergencia” de sus niveles de recaudación con los registros observados en el resto de la UE. En realidad, la pretendida “armonización fiscal” figuraba ya en el programa lectoral del PSOE en las elecciones generales de 2019, de modo que no es ninguna imposición de la Comisión Europea. De hecho, entre los distintos niveles de presión fiscal de los países miembros de la UE se observan diferencias de más de 25 puntos del PIB. Lo que sí exige Bruselas es una política efectiva de control del déficit y la deuda, dos flancos en los que el gobierno de Sánchez ha fracasado de forma sistemática, al mantener unos números rojos que rebasan holgadamente los objetivos de estabilidad presupuestaria – y todo a pesar del fortísimo aumento de impuestos y cotizaciones bajo mandato de Sánchez.
Es un bulo dar a entender que “los ricos” apenas pagan impuestos en España. Aunque el presidente del gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han pretendido cultivar este discurso, lo cierto es que sus aseveraciones carecen de todo rigor. Así, aunque apenas hay un 5,2 por ciento de contribuyentes con rentas de más de 60.000 euros, esos 1,2 millones de declarantes aportan el 41,7 por ciento de la recaudación por IRPF. En total, son más de 45.000 millones de euros, que se traducen en una aportación media de casi 38.000 euros per cápita en el IRPF. En cambio, el 56,1 por ciento de menos renta (12,9 millones de contribuyentes que declaran menos de 21.000 euros) aportan solamente el 8 por ciento del total, a razón de un pago anual promedio de 670 euros de IRPF. Por otro lado, España supera el promedio europeo en la fiscalidad del capital y de la riqueza, siendo de hecho el único país de la UE que sigue aplicando el viejo Impuesto sobre el Patrimonio. En términos netos, al cruzar la recaudación con los ingresos vía ayudas y transferencias sociales, el gasto público en España se sostiene sobre los pagos fiscales que realiza el quintil de ciudadanos con mayor renta (es decir, el 20 por ciento que más gana).
No es cierto que los ricos españoles sean cada vez más ricos, puesto que el peso del 1 por ciento de mayores ingresos sobre la renta nacional bruta ha bajado un 26 por ciento de 2009 a 2022. En cambio, el conjunto de los españoles sí son cada vez menos ricos en comparación con Europa, puesto que la brecha de renta que nos separa del promedio europeo ha crecido en más de 4 puntos bajo gobierno de Sánchez. Por lo tanto, los ricos no son cada vez más ricos, pero los españoles sí son cada vez más pobres en comparación con Europa.
No es cierto que las rebajas fiscales que Madrid aplica a las rentas altas sean un “regalo fiscal” a los ricos. De hecho, aún teniendo impuestos más bajos, Madrid es la región que obtiene un mayor porcentaje de lo recaudado por IRPF del 1 y del 10 por ciento de contribuyentes con mayor renta. Para ser precisos, estos dos segmentos aportan el 21,78 y el 53,75 por ciento de lo que Madrid obtiene vía IRPF.
Además, Madrid es la comunidad de régimen común con mayor eficacia redistributiva del IRPF. Esto significa que el impacto del Impuesto sobre la Renta sobre las diferencias de ingresos resulta ser mayor con gravámenes más bajos.
El PSOE se ha propuesto sacar adelante 46 enmiendas parlamentarias de corte recaudatorio para seguir subiendo los ingresos en 2025. El objetivo de dichas modificaciones es elevar los ingresos públicos en unos 8.000 millones. Los socialistas solamente apenas han puesto encima de la mesa dos medidas de alivio fiscal que apenas tendrían un impacto del 0,6 por ciento sobre la recaudación. En cambio, abundan las subidas de impuestos, algunas de las cuales tendrían un efecto muy destructivo. Es el caso del posible apuntalamiento definitivo del impuesto sobre la banca, cuya aplicación en 2023 y 2024 vino acompañada de una caída de 40.000 millones de euros en la financiación concedida por el sector financiero a empresas y familias. Otra de las medidas propuestas consiste en subir la fiscalidad del diésel, de manera que 14,9 millones de personas pagarán una media de 7,5 euros más cada vez que llenen el depósito de su coche.
La frágil alianza entre los socialistas y los distintos socios parlamentarios del gobierno añade una capa adicional de inseguridad jurídica e incertidumbre a las perspectivas de política fiscal de cara a 2025. PSOE y Sumar, por ejemplo, negocian el fin de la exención al Impuesto sobre Primas de Seguros que acotaba su cobro para dejar fuera los de salud. Este gravamen, que ya subió del 6 al 8 por ciento bajo gobierno de Sánchez, pasaría ahora a gravar a 12,4 millones de españoles que cuentan con seguros de salud privados. Asimismo, Sumar ha llevado al Congreso un impuesto de hasta el 34 por ciento para determinadas herencias, así como un incremento del IVA de los pisos turísticos. El vapeo también se vería afectado, quedando gravado a la par con el tabaco tradicional.