Los asociados ejecutivos del Club Español de la Energía, entre los que están Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve, entre otros, advierten al Ejecutivo de que prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector dificultará la materialización de las inversiones, estimadas por las propias compañías en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años. Alertan también de que pone en riesgo el desarrollo y la viabilidad económica y financiera de los proyectos.
En un comunicado, la entidad, de la que también forman parte BP, EDP y TotalEnergies, señala que para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se requiere de un proceso inversor perdurable en el tiempo que permita contar con las tecnologías, equipamientos y capital humano necesarios en toda la geografía española y en todos sus sectores económicos. «Resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las cuales, un 82% deben provenir del sector privado», subraya.
En la nota, también ponen en valor que la transición energética es la gran oportunidad de España para liderar un nuevo modelo de crecimiento más sostenible, y de reindustrializar y crear empleo aprovechando todo el potencial de las energías renovables, en las que el territorio nacional posee una ventaja comparativa frente a otros países europeos (por su posición geográfica, abundancia de recursos naturales, empleo,infraestructuras energéticas, etc.). «Nuevas cargas impositivas sobre el sector energético reducirán esta ventaja y tendrá n un impacto directo y negativo para España como destino de las inversiones, y sobre la competitividad, los puestos de trabajo, y la lucha contra el cambio climático», indican los firmantes del escrito.
El tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías energéticas que facturasen más de 1.000 millones en 2019 y a finales del año pasado se prorrogó por otro ejercicio más sin introducir cambios. El graven no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy pagaron en 2023 1.355 millones de euros por el gravamen, mientras que este año el golpe rondará los 1.050 millones de euros tras la caída de ingresos por los menores precios de la energía.
