La Airef, asegura que los gastos adicionales en los que incurrirá el sistema prácticamente duplicarán el incremento de ingresos previsto. Por ello, los cambios impulsados por el Ejecutivo en 2021 y 2023, cuando se aprobaron la primera y la segunda parte de la reforma, elevarán el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y en otro punto allá por 2070, disparando la deuda hasta el 186% del PIB. La reforma de las pensiones, de un lado, permitirá elevar los ingresos públicos en 1,3 puntos de PIB gracias a medidas como el incremento de las cotizaciones sociales adicionales de los tramos máximos. Sin embargo, el aumento no será suficiente para cubrir un gasto que se elevará en 2,4 puntos debido a medidas como la revalorización automática con el IPC.
En el escenario base que plantea la autoridad fiscal, la población en España alcanzará 50,3 millones de habitantes en 2050 y 52,1 millones en 2070, un aumento demográfico que se debe principalmente al dinamismo de la migración. Pese a ello, en paralelo se producirá una transformación profunda de la estructura por edades debido al envejecimiento poblacional y a la caída de la natalidad, algo que llevaría la tasa de dependencia al 51,4% y el 45,9% en 2050 y 2070, respectivamente, frente al 26,6% actual. En el mismo escenario, los ingresos aumentarían su peso sobre el PIB en ausencia de ciclos económicos en la proyección hasta alcanzar el 44,7% en 2050 y el 45,6% en 2070, desde el 43,5% en 2021. Pero los gastos también crecerían hasta alcanzar un máximo del 53% del PIB en 2058 para estabilizarse posteriormente hasta el 52,6% en 2070.
En este contexto, y sin medidas de política económica ni reglas fiscales, el envejecimiento podría llevar la deuda pública al 186% del PIB en 2070 y el déficit al 7% del PIB ese mismo año. El gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, alcanzando un máximo en 2049 del 14,8% del PIB para las pensiones del sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo pensiones no contributivas y de clases pasivas. Posteriormente, una vez se atenúen las presiones del envejecimiento, el gasto descendería hasta situarse en 2070 en el 13,4% y el 13,9% respectivamente.
Por ello, la autoridad fiscal considera necesario “abrir un proceso de reflexión, tanto en el conjunto de la sociedad como a nivel interno en cada administración”, sobre cómo afrontar los retos de la sostenibilidad de las administraciones públicas. La celebración a lo largo de este año de diferentes procesos electorales “no debe ser un obstáculo en este proceso, sino todo lo contrario”, afirma el organismo, que propone articular una estrategia fiscal nacional a medio y largo plazo con la participación de todos los niveles de la administración y que contemple una reforma integral del marco fiscal nacional para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La Airef considera que la presión que ejercerá el envejecimiento sobre las cuentas públicas y, en particular, sobre el gasto en pensiones y el gasto sanitario debe llevar a profundizar en el análisis y evaluación, así como del efecto de las reformas que se implementen. En el caso de las pensiones, se deben estudiar las reformas y la evolución del sistema tanto desde la perspectiva de su incidencia en el gasto futuro y la sostenibilidad, como desde la suficiencia, contributividad y equidad intergeneracional.
Cabe recordar que la reforma de las pensiones, pactada entre el Gobierno y los sindicatos y rechazada por la patronal, es uno de los hitos cruciales que permitirán el próximo tramo de ayudas de los fondos europeos para la recuperación. El desembolso previsto, el cuarto que llegará desde Bruselas, ronda los 10.000 millones de euros y está sujeto al cumplimiento de 58 hitos, entre ellos cuatro directamente ligados a la reforma de las pensiones.
