El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación, lo que puede implicar la contratación de 15.000 autónomos. La plataforma destaca que el nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.
«Glovo está preparado para que el servicio se desarrolle como hasta el momento, manteniendo métricas tan relevantes como los tiempos de entrega o la disponibilidad de repartidores en cualquier momento del día, entre otras», dice el grupo. En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados. La decisión se produce después de que la fiscalía haya acusado al consejero delegado y fundador del grupo, Pierre, que está citado como imputado para declarar mañana ante el jueza, de mantener a los repartidores bajo un modelo de falsos autónomos pese a la Ley Rider y el fallo del Tribunal Supremo, que lo prohibió ya en 2020. El ministerio público consideró «indiscutible» que los riders son empleados por cuenta ajena, por lo que pidió la imputación de Pierre, que podría enfrentarse a un pena de hasta seis años de prisión.
Tras la entrada en vigor de la Ley Rider en 2022, la ministra de Trabajo, Díaz había avisado ya a la tecnológica de que nadie se escaparía del cumplimiento de la norma. La vicepresidenta segunda ha recordado de hecho a Glovo en varias ocasiones que la última reforma del código penal contemplaya penas para estas conductas, por las que la firma ha sido multada ya con más de 200 millones de euros.
