La proposición no de ley exige al Gobierno adherirse a la demanda presentada en 2018, dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y requerir avances en la situación Venezuela, así como solicitar a su sala de cuestiones preliminares que dicte una orden de arresto contra Maduro y otros sospechosos de la «perpetración de crímenes de lesa humanidad».
El PSOE, Sumar y Podemos han votado en contra de esta petición, así como otras dos exigencias incluidas en el texto presentado por los populares, por considerar que suponen una injerencia contra la independencia de la Corte Penal Internacional, aunque finalmente el PP ha conseguido sacarla adelante.
De este modo, el Congreso pedirá al Gobierno Sánchez que emita un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro para exigirle el «cese inmediato» de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas.
El Gobierno deberá presentar además a la Cámara baja en el plazo de un mes un informe sobre las actuaciones realizadas por la embajada de España en Caracas en «defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad».
El PSOE sí ha votado a favor, no así Sumar, del punto que insta al Ejecutivo a respaldar los informes de Naciones Unidas en los que se recogen las «graves violaciones» contra los derechos humanos en Venezuela. Este punto ha sido el más respaldado por el pleno.
