A diferencia de anteriores ocasiones, el Gobierno pedirá los 7.200 millones de euros en transferencias no reembolsables previstos para este desembolso, sumados a una cantidad aún por determinar -también a fondo perdido- por hitos y objetivos vinculados a los pagos sexto, séptimo y octavo que España ya ha cumplido. Entre ellos se encuentran dos reformas aprobadas en Consejo de Ministros celebrado el pasado martes.
Estos dos hitos son la nueva Ley de Industria y la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028. La primera pretende modernizar la actual regulación del sector, que lleva más de treinta años en vigor, y, entre otras medidas, penalizará a las empresas industriales que se lleven su actividad fuera del país después de haber recibido ayudas públicas por más de 3 millones de euros. Finalmente, las negociaciones entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, a reducido a la mitad respecto al primer borrador el umbral fijado para obligar a las compañías que deslocalicen su producción a devolver las subvenciones percibidas.
Junto a ese desembolso ampliado de transferencias directas, el Ejecutivo solicitará un adelanto de los pagos primero y segundo de los préstamos y créditos retornables vinculados a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por valor de unos 25.000 millones de euros.
Una vez que España envíe la solicitud, la Comisión Europea tendrá entre uno y dos meses para valorar que el país cumple con lo exigido para poder acceder al dinero del Mecanismo Europeo previsto o, en su defecto, a un pago parcial. Este hecho ya se produjo en el caso del cuarto desembolso, previsto en algo más de 10.000 millones de euros, a raíz de que el Congreso tumbase a principios de año la reforma del subsidio de desempleo con los votos en contra de Podemos, PP, Vox y UPN. Finalmente, España recibió transferencias por 9.900 millones el pasado mes de julio.
Más recientemente y tras unas tensas negociaciones el Gobierno logró sacar adelante en el Cámara Baja la reforma fiscal vinculada al quinto pago, que ahora deberá recibir también el visto bueno de Bruselas. En su Plan Fiscal y Estructural a medio plazo, que fue validado por la Comisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a aprobar una reforma fiscal que aportaría ingresos por valor de tres décimas de PIB desde su entrada en vigor en 2025, esto es, alrededor de 4.500 millones. Esa cantidad podría no ser tal, después de que las negociaciones de la reforma con los socios parlamentarios obligasen a eliminar algunas medidas previstas para lograr el consenso suficiente con el que sacar adelante el texto.
