Así se señala en el informe “Los riesgos geopolíticos como nuevo elemento de incertidumbre” presentado por el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Fernández de Mesa, y su director general, Izquierdo, El informe recoge que las tensiones geopolíticas, las interrupciones comerciales y los posibles recortes de tipos de interés en grandes economías están influyendo en el comportamiento del mercado.
Para 2025 se anticipa un crecimiento del PIB más moderado, en el orden del 2,1%, debido a la pérdida de intensidad de los factores tractores de la actividad y del empleo de 2024, a lo que se suma el impacto en las políticas de la nueva legislatura de Trump en nuestros socios europeos y en algunos sectores exportadores de la economía española hacia el mercado americano. La incertidumbre seguirá siendo un factor que reste empuje a la inversión.
Esto viene a confirmar la resiliencia de la economía en un contexto económico tan complicado, viéndose favorecido este crecimiento por las exportaciones de servicios, el consumo privado y el consumo público. Sin embargo, frente a esta favorable evolución de las exportaciones de servicios, y del consumo, la inversión continúa registrando un avance muy limitado, lo que no le ha permitido recuperar sus niveles previos, sobre todo en lo que respecta a inversión en bienes de equipo y otros. Aunque la inversión pública, gracias a la implementación de los fondos NGEU, está siendo algo más dinámica, no puede compensar la caída de la inversión privada. Entre los factores que pueden estar condicionando las decisiones de inversión de las empresas se encuentran la escasa rentabilidad de la inversión, la elevada incertidumbre nacional e internacional, la inseguridad jurídica y regulatoria, y las elevadas y cambiantes cargas fiscales. De cara al futuro, y de continuar esta tendencia, podría suponer una pérdida de competitividad y de potencial de crecimiento para la economía española, ya que, como se analizará más adelante, la economía está y estará condicionada por importantes riesgos en el corto plazo y por profundos cambios estructurales en el futuro que requieren un impulso decidido de la inversión.
La economía española cerrará 2024 en torno al 3%, a pesar del impacto de la DANA que restará unas décimas al avance trimestral del PIB del último trimestre. El crecimiento del PIB para 2025 será más moderado, del orden del 2,1%, debido a la pérdida de intensidad de los factores tractores de la actividad (exportaciones de servicios y consumo público).
El empleo el año que viene se ralentizará con un crecimiento del 1,7%, frente al 2,2% de 2024. El crecimiento del empleo será el más moderado de los últimos cinco años, como consecuencia de la elevación de los costes laborales en un contexto de estancamiento de la productividad y de debilidad de la inversión empresarial.
▪La inflación se moderará en el 2025 hasta situarse en promedio en torno al 2%, dejando atrás el episodio inflacionario que comenzó en 2021. Es necesario evitar en este contexto indeseables efectos de segunda ronda, que se acaban convirtiendo en un problema en sí mismo
▪Las mayores amenazas en la economía española provienen ahora de la incertidumbre política y los cambios regulatorios sobrevenidos. El ciclo positivo de actividad y empleo de los últimos años no se va a poder prolongar en el tiempo si se siguen subiendo los impuestos empresariales o se incorporan nuevas cargas sobre las empresas que aumenten sus costes y/o deterioren su productividad.
El mercado laboral continúa mostrando una evolución favorable en 2024, con una creación de empleo todavía notable, aunque con tendencia a la desaceleración, según la EPA. La evolución más reciente del empleo apunta a un renovado impulso del mercado laboral en el último trimestre del año, según la afiliación a la Seguridad Social, que aceleró su ritmo de crecimiento interanual en octubre, aunque lo moderó levemente en noviembre. Según estimaciones del Instituto de Estudios Económicos, los afiliados a la Seguridad Social desestacionalizados efectivos (excluyendo trabajadores en ERTE) mostrarán un crecimiento alrededor del 0,5% en el cuarto trimestre de este año, dos décimas más que en el tercer trimestre, aunque por debajo de los registros del primer semestre.
De este modo, el mayor dinamismo de la actividad económica en comparación con la creación de empleo está derivando en que la productividad por ocupado se esté recuperando. Al mismo tiempo, los costes laborales continúan creciendo a buen ritmo en 2024, aunque de forma algo menos intensa que en 2023. Además, el coste laboral unitario en los tres primeros trimestres de 2024 se sitúa un 22,2% por encima de los niveles de 2019. Todo ello denota los elevados costes laborales que está soportando el tejido empresarial en los últimos años, lo que, junto con unos menores niveles de productividad, perjudica la competitividad de las empresas españolas frente a nuestros competidores.
La inflación se espera que registre un avance del 2,8% para el promedio del año, frente al 3,5% de 2023. Durante todo el ejercicio la inflación subyacente ha mostrado una tendencia a la baja muy gradual, continuando la senda iniciada en 2023. En 2024 continuó la senda de moderación de la inflación iniciada a mediados de 2022. En tasa media, la inflación de 2024 se situará en el 2,8% y, si no hay shocks externos en los precios energéticos, podría situarse en el 2,1% en 2025. Se espera que la inflación continúe su senda de moderación a lo largo de 2025. No obstante, siguen existiendo elementos de riesgo sobre la inflación, tanto por parte de los precios energéticos como por los efectos de segunda ronda debidos a incrementos salariales y su traslación a precios finales.
El contexto económico internacional ha estado marcado en los últimos años por diversos shocks que han condicionado el comportamiento de los principales agregados macroeconómicos y, en particular, los vinculados con la actividad del sector público en la economía española. Con respecto a la actividad del sector público resulta destacable que, en el periodo reciente, su balance financiero se ha visto deteriorado tanto por componentes del ciclo económico como por la adopción de otras medidas estructurales de política fiscal destinadas a hacer frente a los sucesivos shocks económicos. Estas presiones sobre las finanzas públicas han limitado el necesario margen de maniobra de la política fiscal y comprometido la consecución de los objetivos de déficit y deuda pública marcados por las nuevas reglas fiscales europeas.
Por ello, una de las cuestiones más importantes a las que tendrá que hacer frente el sector público a partir de ahora es en qué medida un escenario macroeconómico caracterizado por menores tasas de crecimiento de la actividad y de los precios, junto con la retirada de algunas de las medidas temporales sobre los ingresos y gastos y la necesaria limitación del crecimiento del gasto primario neto, afectarán a la evolución de las finanzas públicas en lo relativo a la consecución de los objetivos marcados en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (PFEMP). No obstante, este plan se ha validado en un contexto marcado por la falta de presentación del Plan Presupuestario y de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Para este año se espera una disminución del déficit público respecto al ejercicio anterior. las estimadas por el Instituto de Estudios Económicos (3,3%), lo que muestra un ligero tono contractivo de la política fiscal en este ejercicio. Si bien es previsible que en 2025 este déficit se sitúe entre el 2,7% y el 3%, el escenario central apunta a que, en los próximos años, se agota el margen de mejora de este saldo público en ausencia de medidas, lo que implicaría un tono neutral de la política fiscal.
Desde el inicio de la pandemia se ha producido un sensible aumento de la presión fiscal, con el consecuente incremento de los ingresos públicos, impulsado, fundamentalmente, por el crecimiento de las bases impositivas, en el que la inflación ha tenido un papel protagonista, y por todas aquellas medidas de aumento de los impuestos y de cotizaciones sociales que se han implementado. Por el lado de los gastos, los principales determinantes de su contribución al PIB fueron el incremento tanto de las prestaciones sociales en efectivo relativas a protección social, especialmente en pensiones, como del gasto en consumo final de las AA. PP., principalmente por las partidas de remuneración de los asalariados y consumos intermedios.
A partir de 2022, el gasto público ha superado, consistentemente, los niveles de 2019, consolidándose como un elemento estructural en el Presupuesto, lo cual limita el margen de maniobra de la política fiscal y compromete su sostenibilidad ante el reto demográfico, las inversiones necesarias en digitalización o cambio climático, y los compromisos en términos de defensa. A este respecto, el nuevo Plan Fiscal y Estructural incluye reformas e inversiones enfocadas en cinco ámbitos: la transición ecológica, la mejora del capital humano, la transformación digital, el impulso del capital físico y la productividad y, por último, el ámbito presupuestario.
Por ello, ante las positivas expectativas de crecimiento de la economía española en los próximos años, sería recomendable que se aprovechasen las fases expansivas de la actividad para construir colchones cíclicos que permitan obtener márgenes fiscales para hacer frente a posibles recesiones o shocks económicos adversos en el futuro.
Una de las razones del incremento estructural del gasto público, comentado previamente, es que las necesidades de financiación de las Administraciones públicas derivadas de la pandemia parecen haberse consolidado, aun habiéndose producido ya la normalización de la economía una vez superados los peores momentos de la crisis, lo que habría supuesto un obstáculo a la reducción del déficit de España.
Como muestra adicional de la vulnerabilidad de las finanzas públicas y la necesidad de la consolidación fiscal del conjunto de las AA.PP. se pueden tomar como referencia el déficit público estructural, que se prevé que se sitúe en torno al 3,5% en 2024, lejos de los niveles prepandemia y del 1,5% que marcan los objetivos comunitarios. Asimismo, el endeudamiento del sector público, en proporción al PIB, se sitúa en torno al 105%, una de las ratios más elevadas de la UEM.
Con respecto la dinámica del endeudamiento, es necesario que se diseñen y aprueben un conjunto sustancial de medidas que mejoren la eficiencia del gasto público como vía fundamental para abordar la necesaria consolidación fiscal a medio plazo, esto es, tal y como recoge la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, es preciso la programación y ejecución del gasto público a partir de los criterios de eficiencia y economía. En todo caso, la necesidad de este ajuste no debe comprometerse con subidas de impuestos y de cotizaciones sociales, tal y como se han sucedido en el periodo reciente, puesto que estos comprometen el necesario crecimiento económico, así como las expectativas y de la confianza de los agentes, desincentivando tanto los procesos de generación de ahorro y acumulación de capital, como los de inversión necesaria para superar los retos a más largo plazo que debe afrontar la economía española para mejorar su competitividad.