Esta cifra corresponde a los beneficios de los propietarios pero también a las inversiones para la habilitación de los pisos y a las indemnizaciones que las empresas gestoras deberán abonar a los trabajadores que despidan, que Apartur estima en 5.000 personas.Los propietarios y gestores de apartamentos afectados, representantes de 7.200 pisos distribuidos en la provincia de Barcelona, consideran que el decreto ley 3/2023 aprobado por el Govern de Pere Aragonès supone una «expropiación encubierta».
Ahora, la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica tiene seis meses para responder a sus demandas.
Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat son una de las vías de demanda abiertas por los propietarios y se basan en la disposición transitoria 2ª del decreto ley, que prevé la retirada de facto de las autorizaciones en 2028.
Entre los efectos negativos de la norma autonómica están la imposibilidad de amortizar inversiones y la pérdida de valor de los pisos turísticos que pierdan su licencia, aparte de la incertidumbre entre trabajadores y clientes.
«Los apartamentos turísticos regulados no son la causa del problema de la vivienda, ni su eliminación garantiza que pasen a convertirse en viviendas residenciales», ha declarado Alcántara.
