La consultora afirma que la actividad aporta en tributos un total aproximado de 9.250 millones euros al año, teniendo en cuenta todo el ciclo energético y sin contemplar el Impuesto sobre Sociedades satisfecho por las empresas. En concreto, calcula que considerando la cantidad mencionada y la demanda de electricidad de 2023 -de aproximadamente 244.665 gigavatios hora (GWh)-, en España se tributan unos 38 euros por cada megavatio hora (MWh) consumido. «En la actualidad, en la que el sector energético se encuentra ampliamente regulado y en un momento de gran protagonismo, resulta conveniente entender la presión fiscal a la que se ve sometido, como consecuencia, en su mayor parte, de la gran diversidad de figuras tributarias existentes y creadas por cada uno de los ámbitos territoriales del país, esto es, Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos», señala EY en su análisis elaborado para la Fundación Naturgy.
El informe recoge que la gran mayoría de los tributos que gravan al sector de la energía eléctrica lo hacen con un pretendido carácter finalista -a excepción del IVA-, pues, según argumentan desde la firma, la fiscalidad energética está centrada en la necesidad de la protección del medioambiente. «Esta circunstancia, entre otras, motiva la imposición energética, dando lugar a la proliferación a gran escala de este tipo de impuestos, sin ningún tipo de coordinación con las políticas medioambientales que a nivel europeo pretenden implantarse», argumentan los autores del documento Carpizo, socio de Tax en EY Abogados, y Checa, ‘senior maganer’ de Tax en EY Abogados.
De todas las figuras que existen, no todas gravan la misma fase del ciclo energético y, además, en EY recalcan que se debe tener en cuenta que, aunque consten seis tributos locales, son 8.131 los municipios existentes en el país, cada uno con su regulación particular. Advierten así que en España existe una fiscalidad eléctrica «excesivamente gravosa» y «desmesurada», con el elevado coste en el cumplimiento de obligaciones formales que ello supone. También hacen hincapié desde la firma en la «inestabilidad» de la evolución que estas figuras impositivas han experimentado en los últimos años. Por ejemplo, se ha producido la reforma del canon hidráulico, la exención del Impuesto sobre el gas natural y biogás cuando se destine a la producción de energía eléctrica, la creación del gravamen temporal energético, la aparición de nuevas figuras impositivas autonómicas -como en Aragón- o la modificación de métodos de cuantificación de las tasas por ocupación del dominio público, como consecuencia de haber sido declarados contrarios a derecho.
Asimismo, a partir de julio quedó sin efecto la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%, el cual ahora pretenden eliminar PP y Junts, y desde el 1 de enero de 2025 también se pone fin a la modulación del IVA en función del precio medio mensual de la electricidad volviendo al 21% de manera permanente. «El panorama existente sigue siendo cuanto menos convulso, caracterizado por la existencia de múltiples instrumentos tributarios, consecuencia de la existencia de diferentes competencias y poderes de cada ente territorial, acompañados de una falta de coherencia con los objetivos a perseguir y una regulación confusa», apuntan Carpizo y Checa en el texto.
Por otro lado, alerta de la «desigualdad» existente por territorios, con 11 comunidades autónomas que exigen tributos con efectos sobre la generación y distribución de energía eléctrica, en forma de impuestos sobre emisiones, sobre instalaciones, producción, aguas embalsadas y energía eólica, mientras otras no lo hacen. Del mismo modo, hay corporaciones locales que imponen una tributación mínima y otras que no gravan la actividad. Bajo este escenario -con una gran litigiosidad-, desde EY abogan por acometer una reforma que simplifique el régimen existente y con una mayor coordinación entre las diferentes administraciones.
«Para avanzar hacia un futuro más sostenible, es fundamental la colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes Locales. Una alineación en la creación de figuras impositivas puede minimizar distorsiones y potenciar el desarrollo de las actividades económicas en el sector eléctrico. Con una estrategia coordinada, podemos lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico», manifiesta Carpizo.
