Según la Comisión Permanente en la petición no concurren «los requisitos reglamentarios estipulados para su tramitación», dado que debe ser el propio magistrado que se sienta acosado o perturbado en su labor jurisdiccional quien solicite el amparo al CGPJ, algo que por el momento no ha hecho el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pese a que desde el Ejecutivo se le haya tachado de prevaricador.
El Consejo hace hincapié en su resolución en que deben ser «los propios miembros de la carrera judicial» que se sientan «inquietados y perturbados en su independencia» debido a «manifestaciones o actuaciones de terceros» quienes soliciten el amparo.
Además, matiza la Secretaría General del CGPJ en su propuesta a la Comisión Permanente finalmente avalada el pasado día 2, esa actuación externa debe tener «la entidad suficiente» para causar un «efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción».
Manos Limpias califica en un comunicado de «lamentable» la decisión del CGPJ, que según el colectivo de funcionarios «pone de manifiesto el deterioro de este órgano, que no es capaz de garantizar la independencia de los jueces», dejando así «indefensos» -lamentan- a los ciudadanos.
