A través de una revisión histórica del derecho laboral español junto con un detallado análisis del entorno jurídico que rige las relaciones laborales en España, se pone de relieve la necesidad de una verdadera modernización del marco regulatorio laboral, que vaya más allá de las reformas puntuales que se han producido en este ámbito.
Entre las conclusiones principales del trabajo, se observa que es necesario una nueva y más elevada visión de la normativa laboral en la que se promuevan respuestas adecuadas a las necesidades organizativas y productivas de las empresas. La premisa es considerar las necesidades empresariales para generar competitividad económica y empleo, y plantearlas de forma abierta, sin perjuicio de la necesidad de atender al acervo de derechos laborales ya reconocidos y cuya vigencia y desarrollo no se pone en cuestión.
Según los expertos, habrá que crear, asimismo, un nuevo modelo de relaciones laborales que tenga la negociación colectiva como pieza central y se mantenga plenamente alineado con los principios democráticos y el modelo social que reconoce nuestra Constitución, pero también con el marco de la libertad de empresa, y que sea acorde con las actuales circunstancias económicas, tecnológicas y sociales.
Por último, pero no menos importante, se ha de destacar la alerta que los autores realizan sobre la normalización, en las resoluciones de la jurisdicción social, de la referencia a las normas europeas y a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como fuente interpretativa ineludible de la legislación española.
Las empresas son la principal fuente de creación de empleo y por lo tanto las principales generadoras de bienestar social, pero para cumplir esta transcendente función requieren de mercados laborales modernos, que estén bien diseñados para garantizar aún más el progreso económico y social en su conjunto. El marco institucional del mercado laboral debe seguir configurando un entorno de adaptabilidad que necesitan las empresas para poder generar empleo en la actual coyuntura de incertidumbre y transformación, y también de las directrices que nos marca la Comisión Europea en esta materia.
A la vista de la evolución histórica del Derecho del Trabajo en España resultan evidentes ciertos factores que han perdurado a lo largo de los años y lo caracterizan en la actualidad, como son el intenso intervencionismo estatal; la limitación de la autonomía colectiva e individual en el gobierno de las relaciones laborales; y la subordinación de la negociación colectiva y del convenio colectivo a la normativa legal, cuando tendrían que ser estos instrumentos los mecanismos definitorios de las relaciones laborales.
Retrocediendo en el tiempo, en 2012 se introdujeron una serie de cambios que han tenido efectos positivos, algunos de los cuales se mejoraron a través del diálogo social en la era post covid y la reforma de 2021, que han resultado muy beneficiosos para el mantenimiento y la creación de empleo, dadas las dificultades para reducir nuestras elevadas tasas de desempleo y la necesidad de adaptar las condiciones operativas de la actividad.
Intervenciones normativas posteriores, unilateralmente emprendidas por el Gobierno inciden en los vicios hiperreguladores del pasado. Además, contenidas, a veces, en normas dictadas en materias no laborales, distorsionan el proceso de diálogo social y quiebran el prisma unitario y de conjunto en el que deben considerarse las modificaciones de la normativa laboral, dando lugar a una regulación compleja, dispersa y confusa, fuente de creciente inseguridad jurídica, que devalúa el esfuerzo reformador de los agentes sociales y quiebra los principios básicos del diálogo social. Por todo ello, se puede afirmar que todavía no se ha producido una verdadera y necesaria reforma del derecho laboral español, lo que ha dado lugar a un sistema rígido e insensible y ajeno a las nuevas realidades económicas y sociales.
Según los expertos, se ha de avanzar hacia unas relaciones laborales con un mayor protagonismo de los sujetos colectivos, e individuales. La normativa legal y reglamentaria debe en este contexto centrarse en un papel de garantía de equilibrio de las distintas partes que integran la relación de trabajo.
El profesor y director del trabajo, Federico Durán López, ha destacado durante su intervención que el Informe “plantea la necesidad de repensar en su totalidad la regulación de las relaciones laborales en España, que ha conocido sucesivas reformas, pero no una auténtica reforma, por lo que sigue anclada en un elevado intervencionismo legal y administrativo y en una limitación excesiva de la autonomía colectiva e individual. La clave de la reforma ha de ser la negociación colectiva, que debe constituirse en el elemento central de las relaciones laborales, con el consiguiente reflujo de la intervención legal y administrativa.” Además, ha añadido que “una negociación colectiva mucho más libre y mucho más atenta a las exigencias de la productividad y de la eficiencia empresarial, liberando a las empresas de muchas de las cargas que se les están imponiendo, cuyos costes, por responder a objetivos sociales, deberían estar socializados”.
