La petición reclama acogerse al Fondo de Solidaridad comunitario y hacer frente a los 4.404 millones de euros derivados de las consecuencias que la catástrofe a provocado.
El mecanismo europeo está dirigido a financiar la reparación de daños causados por desastres naturales. En concreto, el restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación; alojamientos temporales y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; la seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural, y operaciones de limpieza.
Una vez remitida toda la información, los de Ursula von der Layen iniciarán un proceso para analizar y evaluar la documentación. Tras ello, asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. Esta cifra será inferior a los gastos comunicados por Hacienda, que superan ampliamente el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que alcanza los 1.500 millones de euros. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firmará un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses, según anticipan desde el ministerio de Hacienda.
Junto a la documentación, entregada en el plazo legal, el Gobierno de España ha incluido una carta de Montero dirigida al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea Fitto. En ella, Montero traslada que «el Gobierno del Reino de España, junto con la autoridades regionales y locales, ha movilizado todos los recursos posibles para paliar los daños y ayudar de forma directa a los ciudadanos afectados por la catástrofe, llevando a cabo el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se ha realizado jamás en España en tiempos de paz».
La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firmará un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses, según anticipan desde el ministerio de Hacienda.
