Los consejeros de Hacienda de las comunidades en las que gobierna el PP se han presentado en la reunión, en la que ha tomado la palabra el consejero de Galicia, Corgos, como vicepresidente del órgano, y ha leído un manifiesto conjunto de las comunidades populares en las que rechazaban la cita por tratarse de un «teatrillo» y un «engaño». El consejero ha rechazado la forma de proceder del Gobierno al traer a la cita «temas impropios», como la aprobación del impuesto a la banca. «Nos hemos encontrado un acuerdo que se toma en otros foros», ha criticado. «No vamos a compartir esa forma de actuar porque el orden del día lo ha fijado Esquerra».
Según fuentes del PP, se rechaza la condonación ya que «Montero utiliza el Consejo de Política Fiscal y Financiera a su antojo, como foro para enfrentar a las CCAA, sometiendo a consideración asuntos que exceden de su competencia y que o ya están aprobados, o requieren una Ley, como es el caso del reparto al impuesto a la banca (aprobado en la Ley 7/2024) o la condonación, respectivamente».
Asimismo, desde el Partido Popular denuncian que «el Gobierno ha planteado en un folio y medio la gestión de más de 83.000 millones de euros, sin ningún detalle. Para una cantidad similar de ayuda directa, el plan Next Generation se presentó con un informe de 348 páginas inicialmente». También se protesta que el Ejecutivo «continúa instalado en el trilerismo fiscal y trata de hacer creer a los ciudadanos que va a perdonarles más de 80.000 millones de euros, pero lo cierto es que no se condona nada». «La deuda se pretende mutualizar, es decir, se va a repartir entre el conjunto de españoles y de pagarse por parte de los españoles por su condición de andaluces o castellano manchegos, va a pagarse por estos por su condición de españoles», añaden.
La vicepresidenta Montero, ha recriminado con contundencia la actitud de las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que ha presentado su propuesta para condonar 83.252 millones de la deuda, un plan que los Ejecutivos regionales del PP han rechazado frontalmente apenas comenzada la reunión, con un plante conjunto tras el que han exigido al Gobierno que «se hable de reformar el sistema de financiación autonómica y no solo de condonar una deuda que no soluciona los problemas de infrafinanciación».
Montero ha mostrado una enorme dureza para criticar la decisión de los ejecutivos autonómicos de salir del Consejo con una «enorme cobardía. Hemos asistido a una deslealtad histórica y una gravísima dejación de funciones para representar a los ciudadanos y no ejercer la responsabilidad que se exige a un cargo público. Nunca antes los gobiernos autonómicos habían renunciado a defender a sus territorios. Ha sido un esperpento».
Ademas ha avisado al PP que «esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero ya no nos sorprende nada. Para no votar en contra, como se había pedido desde Génova, las autonomías populares han tirado por la calle de en medio y se han levantado y se han abstenido para luego poder acceder a este dinero. Han mostrado una enorme cobardía por oponerse al bien de sus ciudadanos por puros planteamientos políticos».
En la misma línea, ha afeado al PP que «reclame una reforma de financiación autonómica, pero rechacen una mesa para negociar este sistema. Los gobiernos territoriales han preferido no votar en contra y abstenerse para no quedar retratados por no defender a los ciudadanos de sus territorios. Incluso votaron en contra a una senda de estabilidad que ha restado una financiación extraordinaria a sus comunidades. No se entiende».
Al menos Montero ha mostrado su satisfacción porque «se ha aprobado la propuesta del Gobierno, que permitirá más autonomía financiera y más autonomía política. A pesar del PP ha sido un día histórico, después de dar un paso decisivo en el blindaje de la autonomía financiera de las comunidades». Esta aprobación se ha logrado gracias a que el Gobierno dispone del 50% de los votos del Consejo, por lo que solo necesitaba el apoyo de una comunidad para sacarlo adelante. Al final, además de Cataluña, han apoyado las regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias.
La ministra ya había reiterado previamente que, a pesar del plante de las regiones populares, espera tener aprobada la condonación antes de que finalice el año con una ley orgánica. «Vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible y, por tanto, si contamos con que los grupos políticos compartan esta idea, pues tendremos capacidad de aprobarla lo antes posible». También ha recordado que la condonación de la deuda es voluntaria y que no está sujeta a ninguna «condicionalidad», por lo que corresponderá a cada Gobierno autonómico decidir si se suman a esta propuesta para que el Estado asuma un porcentaje de su deuda.
