La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha indicado: «fomentaremos la producción local para evitar dependencias estratégicas, especialmente en la producción de baterías. Nos ceñiremos a los objetivos de emisiones acordados, pero con un enfoque pragmático y flexible. Nuestro objetivo mutuo es una industria automovilística sostenible, competitiva e innovadora en Europa que beneficie a nuestros ciudadanos, nuestra economía y nuestro medio ambiente». Para mantener impulsar la producción europea y evitar dependencias críticas de terceros países, el Ejecutivo comunitario dispondrá 1.800 millones de euros del Fondo de Innovación para crear una cadena de suministro segura y competitiva de materias primas para baterías. A ello se suman 350 millones para el desarrollo tecnológico de baterías de nueva generación a través deBATT4EU, con un presupuesto específico.
Además, la Comisión Europea tratará de impulsar la demanda de los vehículos cero emisiones, a través de incentivos para que los consumidores cambien hacia la movilidad limpia. Bruselas trabajará de la mano con los Estados miembro para optimizar la aplicación y la construcción de esquemas para conceder ayudas a la adquisición de estos vehículos.
La competencia de la industria automovilística de Pekín, por un lado, y la amenaza arancelaria de Trump por otro, obligan a Bruselas a actuar. Es así que el plan contempla «instrumentos de defensa comercial», como aranceles o medidas antisubsidios para proteger a las empresas europeas de la competencia desleal. Por otro lado, la Comisión Europea propondrá medidas para asegurarse de que las inversiones extranjeras en el sector del automóvil de la UE contribuyan a mejorar su competitividad a largo plazo y no al contrario, al tiempo que trabajará para reducir la carga administrativa que pesa sobre los fabricantes de automóviles europeos mediante la simplificación de la normativa.
Para impulsar la industria de fabricación de baterías en suelo comunitario, el Ejecutivo comunitario respaldará a la industria con financiación con cargo al Fondo de Innovación. Bruselas también estudia conceder ayudas directas a la producción de baterías y analiza los criterios no relacionados con el precio de los componentes, como los requisitos de resistencia.
Por otro lado, para acompañar el despliegue de la movilidad verde, la Comisión Europea se plantea dar un revulsivo a la implantación de puntos de recarga en suelo comunitario, con más de 570 millones de euros destinados al despliegue de infraestructura y de combustibles alternativos. Además, se crearán mecanismos para garantizar la transparencia de precios en los puntos de recarga.
Ante las quejas del sector de la automoción en los últimos meses, por el cumplimiento de los estándares de emisiones de CO2, Bruselas ha decidido dar respuesta a tales exigencias. Si bien este año empezaba a aplicarse la norma para que los fabricantes no excedan los 93,6 gramos por kilómetro de CO2 en sus flotas comercializadas en Europa, a partir de ahora dispondrán de tres años para lograr estos objetivos. De esta manera, el sector del automóvil esquiva las sanciones que, como parte del incumplimiento de estos objetivos de emisiones, entrarían en vigor también este año y que ascenderían a 15.000 millones de euros en el presente ejercicio. La enmienda, que debe ser respaldada también por los organismos colegisladores (esto es los Veintisiete Estados miembro y el Parlamento Europeo), permitiría a los fabricantes compensar los déficits de un año con los objetivos alcanzados durante los otros, en un plazo que finalizaría a cierre de 2027.
