Cada vez se acerca más el escenario que el fiscal general del Estado trató de evitar tras su imputación en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Díaz Ayuso: conocer el contenido, origen y destinatarios de los mensajes de Whatsapp y de Google que el propio Álvaro García Ortiz reconoció haber borrado de sus terminales móviles.
Así lo recogen los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sendos informes dirigidos al magistrado instructor de la causa que se sigue en el Alto Tribunal, donde se detalla el resultado positivo de la «preservación» de los datos que fueron requeridos a ambas compañías, a través de sendas Comisiones Rogatorias libradas los días 28 y 30 de enero, respectivamente.
Una gestión que se verá reforzada a través de las matrices de las empresas tecnológicas con sede en EE.UU. tras la respuesta de las filiales Irlandesas a las que se dirigió, en un primer momento, la petición judicial. Con tal motivo, y tras haber sido notificada la respuesta, la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) adscrita al juez Hurtado ha decretado dar traslado de la misma a Eurojust.
Así, «con fecha 29.01.2025, se obtuvo contestación procedente de Whatsapp LLC a lo solicitado» por el Supremo español «aportando el número de caso 2848694». Y, «por su parte, en el día de hoy, 10.03.2025 se ha recibido la oportuna respuesta de Google Inc., confirmando que se ha procedido a lo solicitado y aportando el número de caso 82154634», rezan sendos escritos policiales.
Con esta «Orden de conservación de datos» adoptada por el magistrado instructor, se perseguía «asegurar y proteger» los datos que ambas mercantiles ya han reconocido «poseer en relación con los hechos investigados en el presente procedimiento». Es decir: las comunicaciones cruzadas por el fiscal general del Estado, desde sus dos números de teléfono (personal y profesional), comprendidas entre los días 8 a 14 de marzo de 2024, y circunscritas a la filtración de los datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, el empresario Alberto González Amador.
No en vano, cabe recordar que García Ortiz borró tanto los mensajes correspondientes a la aplicación de mensajería instantánea contenidos en sus dispositivos, hasta en dos ocasiones, el mismo día en el que supo que estaba formalmente investigado por el Supremo; y, algunos meses más tarde canceló la cuenta personal de gmail en la que recibió el expediente confidencial completo de González Amador, que a su vez le remitió al fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coimputada por la misma razón.
