Los ministros se darán cita en Luxemburgo en un encuentro previsto inicialmente en el mes de mayo para abordar de manera más general las dificultades en las relaciones con la nueva Administración Trump y las tensiones comerciales con China, pero que finalmente se decidió adelantar con carácter extraordinario ante el consenso de que la UE no podía esperar más a abordar la situación, antes incluso de que se desatara el pulso arancelario.
La respuesta más inmediata será la lista de productos gravados por la UE tras la primera tanda de aranceles americanos, un catálogo que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, espera presentar a los técnicos de los 27 este miércoles, para su adopción a tiempo de que entren en vigor el 15 de abril. Bruselas tiene la competencia en materia comercial por lo que los gobiernos sólo podrán frenar esta lista si forman una mayoría de bloqueo de al menos 15 delegaciones que representen más del 65% de la población.
Si se cumple ese calendario, el primer bloque de contramedidas con un impacto de 8.000 millones de euros –basado en la lista utilizada en la crisis de 2018– se empezará a recaudar desde el mismo 15 de abril. La segunda tanda, con una recaudación potencial de hasta 18.000 millones, no se podrá activar hasta el 15 de mayo, de acuerdo a los plazos que marcan los procesos de la Organización Mundial del Comercio.
La primera ola de contramedidas europeas busca «golpear donde más duele» a los americanos, explicaron funcionarios comunitarios, y por ello están dirigidas a marcas emblemáticas como Harley-Davidson o Levi’s o producciones instaladas en estados de mayoría republicana para los que la UE podrá encontrar fácilmente alternativas en otros lugares «minimizando» su impacto en las economías europeas.
«Nos encanta la soja norteamericana pero podremos comprar también en Brasil», apuntan, ahondando así en otra de las claves de las consecuencias a largo plazo de esta crisis, que es impulsar la estrategia de «diversificación» en las relaciones comerciales de los 27 con otras regiones y socios «fiables», por ejemplo acelerando la ratificación del acuerdo con Mercosur o el reto de cerrar un acuerdo de libre comercio con India antes de que acabe el año.
En todo caso, los europeos buscan el equilibrio entre la «firmeza» de una respuesta «fuerte y proporcionada» a la primera ronda de aranceles de Estados Unidos ya en vigor de un 25% sobre el acero y el aluminio y la voluntad de mantener como prioridad el «diálogo» con Washington para evitar una escalada y frenar el otro 20% indiscriminado a todas las importaciones procedentes de la UE (a partir del 9 de abril) y del 25% al automóvil y componentes (desde el 3 de abril). Trump, además, ha avisado de que estudian más tasas sectoriales que podrían afectar en próximas fechas al sector farmacéutico o de semiconductores.
El alcance de este último golpe –anunciado por Trump hace pocos días como parte de los aranceles que llama «recíprocos» a producciones de todo el globo pese a no corresponderse con medidas equivalentes del otro lado– está siendo aún analizado en detalle en Bruselas para evaluar su daño y «calibrar» la represalia, por lo que no se esperan decisiones firmes inmediatas, según advierten distintas fuentes europeas.
De acuerdo a los primeros cálculos de Bruselas, los gravámenes estadounidenses afectarán a un 70% de las exportaciones europeas a Estados Unidos, es decir a un volumen de intercambios de 370.000 millones de euros, lo que permitiría a la hacienda estadounidense recaudar hasta 81.000 millones de euros en aranceles a la UE cada año, frente a los al rededor de 7.000 millones de ahora. Sin embargo, los expertos comunitarios advierten de que estas cifras se basan en los números actuales de exportaciones que difícilmente se mantendrán con las barreras comerciales en vigor.
En todo caso, aunque la Unión Europea insiste en buscar la negociación con Washington para evitar una guerra comercial, también asume que no habrá una salida inmediata a la crisis y en Bruselas conceden que la puesta en marcha de represalias contundentes será un proceso de «meses», aunque insisten en la firmeza de la UE y en que «todas las opciones están sobre la mesa».
«Nadie trabaja con un escenario en el que (Trump) suspenda los aranceles», dijo una alta diplomática europea en las primeras horas tras el último anuncio de la Casa Blanca, descartando así que la UE tenga opciones de obtener un acuerdo similar al de Canadá o México. Al mismo tiempo, fuentes comunitarias subrayaron que la UE no recurre a las represalias como un «castigo», porque «no es un fin en sí mismo», explican, sino un «medio para evitar la escalada» y poder «negociar». Así las cosas, y a falta de que Bruselas exponga formalmente las opciones, una de las bazas que se exploran es el mecanismo anticoerción que prevé sanciones contra países terceros que recurren a la presión económica para perjudicar los intereses europeos o forzar cambios regulatorios, como parece que intenta Washington al señalar en declaraciones públicas el IVA en los países europeos o los altos estándares fitosanitarios, medioambientales y nuevas reglas para los servicios digitales en la UE, por ejemplo.
Se trata probablemente de la medida más potente pero nunca se ha utilizado hasta ahora y además prevé un proceso de varias fases por lo que sus consecuencias no son inmediatas, por lo que su activación sigue bajo estudio y genera distintas reacciones en las capitales, entre quienes piden cautela e insistir en la negociación y quienes, como Francia, apunta ya a gravar los servicios digitales norteamericanos, incluidas las cinco grandes plataformas, las «GAFAM» –Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon, Microsoft–.
La gama de acciones de defensa previstas en este mecanismo –que el propio reglamento establece que deben ser el «último recurso» si fracasa el diálogo para buscar acuerdos que cesen la coerción– van desde la imposición de restricciones a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios hasta limitaciones en los derechos de propiedad intelectual y en el acceso de inversión extranjera directa. También podrían los 27 decidir cerrar el mercado comunitario a sectores concretos, por ejemplo impidiendo a empresas extranjeras acceder a la contratación pública en la UE o introducir restricciones al comercio de determinados productos con arreglo a normas químicas y sanitarias.
