La compañía, como principal propietaria de esta instalación (cuenta con el 52,7% del capital), será la encargada de plantear una propuesta con el objetivo de consensuar la posición común con el resto de los miembros de la Agrupación de interés: Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).
La intención de las compañías es que la reunión se produzca la semana del 5 de mayo para poder alcanzar un acuerdo que el Gobierno les ha reclamado antes de sentarse a la mesa de negociaciones y que parece cada vez más cercano a tenor de las declaraciones que han realizado esta misma semana directivos de las principales energéticas que abocan a una petición de hasta tres años más de funcionamiento para las instalaciones.
Posteriormente, las compañías pedirán un encuentro con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para que sirva de inicio formal de las negociaciones. Hasta el momento, en los encuentros que han mantenido las eléctricas con el Gobierno, el departamento de Aagesen se limitó a pedir a las compañías que les presentaran un plan por escrito para poder analizar el impacto de la decisión de retrasar el cierre de las nucleares, como adelantó elEconomista.es.
Por un lado, las eléctricas podrían llegar al año 2030 con Almaraz en operación para poder analizar en dicho momento el grado de cumplimiento del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) sin generar riesgos innecesarios para el suministro eléctrico. Adicionalmente, esta prórroga permitiría laminar en un mayor número de años la cantidad a abonar por la tasa Enresa, lo que facilitaría una mejora de los resultados económicos de estas plantas. De hecho, el impacto de un mayor periodo de producción nuclear no tendría un coste significativo en el incremento de gastos de la gestión de Enresa, ya que los almacenes temporales individualizados (ATI) que se están construyendo en las plantas están previstos para acoger la producción de 60 años de generación.
Por otro lado, se espera que el Gobierno también pueda plantear condiciones a las eléctricas para reabrir este escenario y entre las medidas que suenan con más fuerza figura la opción de vincular parte de la producción de las centrales nucleares a la gran industria electrointensiva así como a los clientes vulnerables. La medida permitiría también al Gobierno dar respuesta a la petición de medidas para reducir el coste de la energía por parte de la Unión Europea y, en especial, para la gran industria. De este modo, los sectores electrointensivos tendrían una mayor capacidad para poder afrontar tanto el reto de los aranceles como de la competitividad que suponen la diferencias de precios de la energía entre Europa y Estados Unidos.
