Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno, Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha defendido que son medidas para «consolidar la transparencia». El anteproyecto ha sido aprobado a propuesta del Ministerio del Interior y «obliga» a los medios de comunicación públicos a celebrar debates electorales y «exige» que las encuestas y sondeos difundidos en campaña publiquen también los ficheros de microdatos. Según ha detallado el Ejecutivo en una nota, esas dos modificaciones estaban previstas en el Plan de Acción por la Democracia y responde «a las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea en 2020 y 2023 para dotar de mayor transparencia a los sistemas democráticos europeos».
A esos debates «estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente», ha precisado. En la reforma se fija también que en los debates electorales participen todos los candidatos de las formaciones políticas que lograron representación en las anteriores elecciones y a la vez abre la posibilidad de que intervengan representantes de los que la Junta Electoral Central denomina «grupos políticos significativos».
Además, la obligatoriedad de celebrar debates no será para los medios de titularidad privada, aunque la reforma precisa que si ellos deciden organizar debates, deberán respetar los mismos principios que los medios públicos y que fija la LOREG: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad.
La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) añade la obligación de dar publicidad a los ficheros de microdatos, que «son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de la información», ha indicado el Gobierno. Así, ha resaltado que tener acceso en abierto a los datos individuales, anonimizados, permite «garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilita a la ciudadanía y a las entidades, públicas o privadas, comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones».
Hasta ahora, según ha incidido, la legislación vigente establece que deben ir acompañadas de una ficha que especifique la entidad que realiza el trabajo demoscópico, las características técnicas del sondeo, el texto íntegro de las cuestiones planteadas y el número de personas que han respondido a cada una de ellas. Cuando se apruebe el anteproyecto de reforma, el Ministerio del Interior recabará informes de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, así como de la Junta Electoral Central, para incorporar sus apreciaciones, previo paso a remitir de nuevo el texto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley.
Por otra parte, la ministra portavoz ha sido preguntada si el Gobierno estudia la posibilidad de rebajar la edad exigida para poder votar hasta los 16 años y ha asegurado que «no se ha visto esa cuestión en ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros». «En ningún caso».
