De esa cifra, más de la mitad corresponde a indemnizaciones por las pólizas de seguros que habían suscrito los damnificados, no por dinero aportado a fondo perdido por el Estado, como se reclama desde Valencia ante una catástrofe cuyos daños se estiman en más de 17.800 millones de euros. La última actualización del propio Gobierno de España eleva la cifra de ayudas ya abonadas por la Administración estatal hasta los 5.023 millones de euros en total, con más de 413.000 solicitudes registradas de las que más de 321.000 se encuentran en distintas fases de tramitación.
Tanto si se analiza el dinero ya pagado como la carga administrativa, realmente son las indemnizaciones por seguros las que concentran el grueso de lo ya tramitado. Unos pagos que se producen por las pólizas contratadas, aunque al tratarse de un desastre fuera de lo habitual han quedado en manos del Consorcio de Compensación de Seguros. Esta entidad ya ha transferido 2.721,8 millones de euros a los titulares de seguros después de tramitar más de 224.000 expedientes, el 91,2% de las solicitadas.
Después de que la lentitud y los retrasos fueran una de la queja mas generalizada de particulares y empresas, el propio organismo se marcó como objetivo llevar al 95% del total a finales de este mes, mientras que los 12.000 expedientes restantes son los que estima que se alargarán por discrepancias y litigiosidad en las valoraciones y otros aspectos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó en las partidas de ayudas las indemnizaciones de los seguros alegando que en sus decretos por la DANA se fijaron medidas para incrementar las indemnización, como subir un 20% el valor de tasación de los vehículos siniestrados o eliminar la franquicia para los daños en establecimientos de empresas que facturen menos de 6 millones de euros.
Pero además del Consorcio, que por si solo representa uno de cada dos euros que el Estado se atribuye haber aportado hasta ahora, también figuran en la lista de fondos las indemnizaciones por otras pólizas, las de los seguros agrarios. Después de los fuertes daños en zonas de una intensa actividad agrícola como las comarcas de La Ribera o Utiel-Requena, Agroseguro ha abonado 45,58 millones de euros a agricultores y propietarios de campos de cultivos que habían suscrito sus pólizas, aunque en este caso la Administración no detalla el volumen tramitado.
Al margen del pago de seguros, los mayores beneficiarios hasta ahora del dinero estatal para afrontar las pérdidas de las riadas han sido los ayuntamientos de las zonas anegadas, con el 28,8% del total. La Administración General del Estado ya les ha transferido la mayoría del importe comprometido para hacer frente a la reconstrucción de edificios y centros municipales destruidos o dañados por el agua. Así, 78 municipios han recibido ya 1.447 millones de euros de los algo más de 1.700 millones anunciados para colegios, centros sociales, instalaciones deportivas y otras dependencias arrasadas por la catástrofe.
Frente a esas magnitudes, los fondos dirigidos de forma directa a damnificados son mucho más limitados. Hasta ahora el Ejecutivo ha ordenado el pago de 337,5 millones de euros a 15.742 autónomos y 10.379 empresas que solicitaron las ayudas por los daños en sus negocios y en la actividad.
Además, 43.500 particulares y comunidades de vecinos han recibido 76,8 millones de euros por los daños, mientras que de las 30.600 peticiones de subvenciones para la compra de coches se han aprobado 18.183 con 43,7 millones.
