Con todo, en lo que va de legislatura se han enviado a las Cortes para su tramitación numerosas normas de considerable interés. El nuevo número de su Boletín que Fedea publica hoy repasa estas propuestas y comenta en cierto detalle algunas de ellas.
En concreto ha calculado que la no corrección por inflación del IRPF para una familia de cuatro miembros con unos ingresos brutos de 50.000 euros ha supuesto un incremento del 30% en la cuota del impuesto, aunque los efectos son aún mayores en términos proporcionales para las rentas más bajas.
En efecto, en este último informe, Fedea analiza las consecuencias de la no actualización por inflación de la escala de gravamen y el mínimo exento del tramo estatal del IRPF, que no se han tocado desde 2015. Puesto que la inflación acumulada desde entonces es de casi el 27%, la no actualización ha supuesto una subida «muy significativa del impuesto por un procedimiento poco transparente para los ciudadanos», según ha advertido la Fundación.
Los expertos señalan que la inflación hace que la renta monetaria de los contribuyentes aumente, aunque su poder adquisitivo no lo haga, empujándoles hacia tramos superiores de la escala de gravamen en los que se pagan tipos más altos aunque la renta real siga siendo la misma. Con todo, y según los cálculos de Fedea, en el caso de una familia de cuatro miembros con unos ingresos brutos de 50.000 euros, la no corrección por inflación habría supuesto un incremento del 30% en la cuota del impuesto, aunque los efectos son aún mayores en términos proporcionales para las rentas más bajas.
En su informe, Fedea también ha analizado la falta de aprobación de la reforma de la ley del suelo para evitar retrasos innecesarios en la construcción de vivienda y de la creación de una Agencia de Salud Pública considerada esencial para mejorar la respuesta a posibles futuras pandemias. Para la Fundación, el «fracaso» de ambos proyectos pone de manifiesto la incapacidad de los representantes políticos, y en particular de los dos grandes partidos centrales, PSOE y PP, para llegar a acuerdos incluso en cuestiones de interés general en las que no hay diferencias sustantivas entre ellos. «Por el bien del país, ambos deberían recapacitar», han instado los expertos. Por un lado, Fedea considera que la reforma de la ley del suelo, o más bien las razones que la hacen necesaria para acortar los largos plazos de construcción de vivienda, se debe en parte a la frecuente paralización de la actividad urbanística e inmobiliaria en barrios o incluso ciudades enteras ante la anulación del correspondiente plan urbanístico.
El origen del problema, según la Fundación, tiene que ver con el estatus legal de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que en España se consideran normas legales con rango de reglamento en lugar de meros actos administrativos. Como tales, están sujetos a control judicial por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con un rígido régimen legal que termina generando una notable inseguridad jurídica en el ámbito inmobiliario.
Otro proyecto preocupante, según Fedea, es la trasposición de una directiva europea sobre las obligaciones de información de las empresas en materia de «sostenibilidad.» Este concepto se interpreta en la directiva en un sentido extraordinariamente amplio que, además de cuestiones medioambientales, incluye temas sociales, de personal y de gobernanza, así como la lucha por los derechos humanos y contra la corrupción y el soborno. Para cada una de estas cuestiones, el texto exige a todas las empresas de un tamaño no demasiado elevado (de más de 250 empleados, en el mejor de los casos) que presenten un detallado informe que recoja, por un lado, como afectan a su negocio las cuestiones de «sostenibilidad» y, por otro, el impacto de las actividades de la propia empresa y de su cadena de valor sobre la sostenibilidad y otros objetivos sociales, incluyendo sus planes detallados para contribuir a alcanzarlos.
Para Fedea, la norma impone a una parte muy importante de las empresas la obligación de llevar a cabo un «complejo y costoso» ejercicio que va mucho más allá de la provisión de información objetiva sobre su actividad, sin que quede claro qué se espera conseguir a cambio, y les atribuye una responsabilidad de contribuir activamente a la lucha contra lacras sociales que va más allá de lo razonable.
La parte final del trabajo se dedica a las medidas tributarias que el Gobierno ha promovido en la presente legislatura, incluyendo el parcialmente fallido intento de convertir en impuestos permanentes los arbitrarios gravámenes punitivos sobre las entidades financieras y ciertas empresas energéticas, utilizando procedimientos parlamentarios muy discutibles para evitar los habituales filtros de calidad normativa. A esto hay que añadir un nuevo impuesto sobre los líquidos para vapeadores y subidas puntuales de impuestos que afectan al tabaco y a las rentas más elevadas del capital. También se limitan las deducciones por doble imposición y la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades para empresas relativamente grandes, mientras que se reduce el tipo de gravamen para microempresas, insistiendo así, como en el nuevo impuesto a la banca, en una especie de “progresividad” que carece de sentido en el caso de las empresas y podría desincentivar su crecimiento.
