En este sentido, la reducción de la jornada afectará al 76,1% de los asalariados que se encuentran respaldados por un convenio colectivo -según datos de 2022, este porcentaje equivale a 9,8 millones de empleados-. Así mismo, en función del sector en el que se trabaje, los afectados pueden variar, siendo menos de un 10% de trabajadores de la administración pública (4,9%) y las finanzas y seguros (7,5%) los que verán reducida su jornada, frente al 99,5% de los dedicados a actividades inmobiliarias. Y es que, la brecha entre los diferentes sectores se agranda hasta más de 94 puntos, con cinco sectores por encima del 90%, entre los que destacan las actividades inmobiliarias, ya mencionadas, hostelería (99%), agro ganadería (96,8%), comercio (96,7%) e información y telecomunicaciones (90,3%).
Ahora bien, si se analizan los datos económicos y el coste anual que tendrá la reducción de la jornada en los diferentes sectores, el comercio es el que sale peor parado al perder hasta 3.208 millones de euros al año, una media de 1.484 por cada trabajador (tabla de la izquierda). Seguido del comercio se encuentran manufacturas, que tendrá que enfrentar pérdidas directas de 2.940 millones de euros y la hostelería, para el que supondrá un coste de 1.697 millones. Si bien es cierto, estos sectores también son los que más tendrán que reducir la jornada para adaptarse a la norma -a excepción de las manufacturas, que tan solo tendrá que disminuirla apenas un 2,4%. La Hostelería tendrá que mermar la jornada media un 4,2% para cumplir con la ley que establece Trabajo, mientras que el Comercio tendrá que hacerlo un 4%, las Industrias Extractivas un 3,9% y las Actividades Inmobiliarias un 3,8%.
Por contra, las Administraciones Públicas (4 millones), Industrias Extractivas (13 millones) y Finanzas y Seguros (36 millones) son los sectores que registrarán un menor impacto económico una vez se haya implantado la reducción de la jornada. Además, son los que menos tendrán que ajustar el horario laboral, ya que las AAPP tan solo tendrán que reducirlo un 0,1% y las Finanzas y Seguros un 0,2%.
En este contexto, el hecho de que las patronales reclamen que la reducción de la jornada sea una medida que se tenga que decidir en la negociación colectiva se debe a que el estudio de Cepyme señala que la jornada pactada en los convenios muestra una tendencia a la baja: «La jornada pactada en convenios pasó de una media de 40,4 horas por semana en 1983 a 38,4 horas veinte años más tarde. Entre 2011 y 2013 se redujo a 38,1 horas. En 2020 marcó el mínimo absoluto de 38 horas semanales», defiende la patronal de la pequeña y la mediana empresa. Esta tendencia se acentúa aún más en los convenios de ámbito de empresa, donde la reducción ha sido más marcada pasando de las 40 horas a las semana en el año 2983 hasta las 37,2 en 2003 y alcanzando su mínimo histórico en 2007, cuando mermó hasta las 37 horas. En los últimos cuatro años la jornada pactada media en convenios de empresa ha crecido, pero se ha mantenido inferior a las 37,5 horas semanales.
