En el acto central organizado en Madrid, miles de personas —50.000, según la organización; 12.000, según la Delegación del Gobierno— marcharon por la Gran Vía con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, aunque fueron menos que las contabilizadas el año pasado. A ritmo de batucada, una de las reivindicaciones más presentes fue que se haga efectiva la reducción de la jornada laboral pactada a finales del año pasado entre Gobierno y sindicatos, pero que todavía no ha llegado al Congreso. Las organizaciones de trabajadores advirtieron a los partidos políticos de que oponerse a debatir las 37,5 horas en las Cortes Generales sería, a su juicio, un «fraude democrático» y amenazaron con movilizaciones en caso de bloqueo parlamentario.
Ataviados con sombreros y banderas, a las 10.00 horas de la mañana los manifestantes más adelantados rondaban ya las inmediaciones de Gran Vía bajo un cielo nuboso que amenazaba con lluvia, pero que respetó la jornada reivindicativa. Una hora más tarde, y con el tráfico todavía en circulación por la céntrica calle madrileña, los líderes sindicales llegaron a la zona en medio de unos primeros momentos de tensión entre organización y policía a cuenta de los permisos solicitados, lo que llevó a las secretarias generales de CCOO y UGT Madrid, Paloma López y Susana Huertas, a cargar contra el Ayuntamiento antes del inicio de la manifestación. «El alcalde [José Luis Martínez-Almeida] va a conseguir que tengamos un problema de seguridad», lamentó López. «Los permisos están pedidos», reiteró Huertas.
No obstante, tal y como estaba previsto, la columna de manifestantes arrancó la marcha a media mañana y la jornada transcurrió sin mayores incidentes. La cabecera de la manifestación se reservó únicamente para los representantes sindicales, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en primera línea portando una lona con el lema de este año: «Proteger lo conquistado, ganar futuro». La marcha contó también con la presencia de rostros políticos de la izquierda, organizados tras las respectivas cabeceras de los partidos.
Acudieron miembros del Gobierno como la vicepresidenta Díaz, junto a las titulares de Sanidad, García, y de Infancia y Juventud, Rego. Del ala socialista, únicamente asistieron a la convocatoria de la capital la ministra de Seguridad Social, Saiz, y el ministro para la Transformación Digital López. Fuera de la coalición de gobierno, se pudo ver también entre los participantes a dirigentes de Podemos como Belarra y Montero.
Junto a los tradicionales vivas a la «lucha de la clase obrera», uno de los cánticos que marcó la jornada fue el de «reducción de jornada ya». Sordo y Álvarez llamaron a los partidos políticos a afrontar el debate del recorte en el tiempo de trabajo en el Congreso de los Diputados, adonde se espera que el Consejo de Ministros envíe la semana que viene el proyecto de ley sobre la reducción de jornada. «Es irrenunciable, que lo sepan los partidos», advirtió Álvarez, que aseguró que impedir el debate de esta iniciativa en el la Cámara Baja sería un «timo a la democracia». «Es legítimo que cada uno lo aborde como considere, pero sería un fraude democrático de primera magnitud si los grupos se oponen a tratar una norma que ha pactado el Gobierno con las organizaciones representativas de la clase trabajadora», añadió Sordo.
Al inicio de la manifestación, la vicepresidenta segunda del Gobierno se pronunció en la misma línea. «La semana que viene entra en el Congreso la reducción de la jornada laboral máxima. Ahora tiene que hablar la soberanía popular y le pido a los partidos políticos que estén a la altura de las circunstancias», expresó, señalando especialmente al PP. La también líder de Sumar, cuya formación portó una cabecera con el lema «trabajar menos y vivir mejor», aseguró que el de 2025 será el último Primero de Mayo con la jornada máxima de 40 horas semanales.
Reclamaron elevar las indemnizaciones para endurecerlo y adecuarlo a la Carta Social Europea, al mismo tiempo que hicieron una defensa de los servicios públicos, en especial de la Sanidad, la Educación y la Universidad, aunque también hubo algún tímido grito por la vivienda. Sordo y Álvarez reiteraron que la relevancia de los servicios públicos se puso de manifiesto el lunes ante el ‘gran apagón’ que dejó a oscuras el país y aprovecharon para agradecer a la ciudadanía su «comportamiento ejemplar» y su «lección de civismo, convivencia y saber estar». Los líderes sindicales pidieron que la crisis energética no se utilice para revertir la transición verde.
