El impacto principal se debe a los productos frescos, refrigerados y congelados que, como medida de precaución en los casos en que no se pudo garantizar la cadena de frío y la seguridad alimentaria, tuvieron que ser retirados. Por otra parte, la donación de estos productos fue inviable debido a la premura, las excepcionales circunstancias y la falta de información en las horas siguientes al apagón.
Además de la pérdida de stock, la falta de suministro eléctrico implicó un esfuerzo adicional logístico, al que hay que sumar los gastos asociados al transporte, el combustible destinado a los grupos electrógenos, los costes de la retirada de basura o el incremento de la seguridad, entre otros.
Asedas lleva años analizando las necesidades energéticas del sector, así como las medidas para garantizar la eficiencia logística en casos de emergencia.
De hecho, según explican, la pandemia supuso el mayor desafío que la distribución alimentaria ha vivido en España y puso a prueba la fortaleza y la solidez del sector (que fue, junto con Canadá, el que menor rotura de stock registró), pero también permitió detectar sus vulnerabilidades. Por ello, desde el año 2020, el sector viene pidiendo la puesta en marcha de planes de contingencia que ayuden a garantizar el funcionamiento de los supermercados y plataformas logísticas, y que no pongan en riesgo la viabilidad operativa y económica de las empresas.
