Una medida que tendrá que enfrentarse ahora a la votación en el Congreso de los Diputados. De salir adelante, las empresas tendrán de plazo hasta final de año para adaptar el horario. «Hoy es un día de máxima importancia para nuestro país. Hemos aprobado una norma que cambia la vida de la gente. Los trabajadores van a ver mejorada su vida. El Gobierno ha cumplido su palabra», ha expresado en rueda de prensa la Díaz.
«Convertimos en general algo que debería haber llegado antes a nuestro país. No trabajamos en España como en el año 83, afortunadamente», ha añadido.
«Ahora tiene que hablar la soberanía popular», ha afirmado la ministra de Trabajo en referencia al trámite que tendrá que pasar ahora el Anteproyecto, que se envía al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. «Ahora esta norma no solamente está en la calle, sino que llega a la casa de la democracia, llega al Congreso de los Diputados», ha afirmado.
La norma inicia, de esta manera, su tramitación parlamentaria para que la jornada máxima legal sea de 37,5 horas semanales en cómputo anual tras más de cuatro décadas de vigencia de la establecida actualmente, de 40 horas semanales.
Díaz ha aludido claramente al PP y a su líder, Núñez Feijóo, al que ha preguntado si «va a maniobrar» para que no se apruebe: «Hoy el PP tiene una gran duda, si tumbar la reducción de la jornada laboral o deberse a los trabajadores. La pregunta es sencilla: ¿va a maniobrar Feijóo para tumbarla como hizo con la reforma laboral? ¿Quiere dañar a su país?».
Pese a la enmienda a la totalidad anunciada por Junts y el rechazo del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en atar los apoyos suficientes para sacar la reducción de jornada adelante. Según Díaz, el Gobierno trabaja con todas las formaciones políticas para conseguir luz verde en el Congreso de los Diputados.
Sobre la posición de Junts, cree que «hay margen para la negociación», ya que «nadie se atreve a decir que está en contra», y eso «es porque esta norma está ganada en la calle».
Hay que recordar que fue el pasado 4 de febrero cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada laboral a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo sin pérdida de salario.
Además, en este Anteproyecto también se incluyen la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Así, la nueva norma pivota sobre un registro de jornada fiable e interoperable, instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo y a erradicar las horas extraordinarias no ajustadas a derecho. También se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión, para evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras.
Tellado acusa a Diaz de no dialogar
El portavoz del Partido Popular Tellado, ha señalado que Díaz, ha decidido, en el debate sobre la reducción de la jornada laboral, “tomar parte entre la patronal y los sindicatos y ejercer como una sindicalista más”, cuando lo que debería hacer es “mediar entre los agentes sociales para buscar acuerdos”.
Así lo indicó Tellado en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde apuntó que sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral que hoy se aprobará en el Consejo de Ministros “no existe consenso” y destacó que el Ejecutivo, antes de impulsarla, debería haber trabajado con los agentes sociales en busca de concierto social entre patronal y sindicatos”.
Por este motivo, apuntó que, “toda vez que llega de la mano de la impositiva de la ministra de Trabajo, nosotros no podemos compartirla, no estamos desde luego de acuerdo con las formas que maneja este Gobierno”. Incidió en que una cuestión de este tipo “tiene que venir con el aval del diálogo social”.
Por el contrario, manifestó Tellado, se trata de una medida que el Ejecutivo “pone encima de la mesa con imposición”. “Creemos que afecta tanto al tejido productivo en nuestro país, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que es una cuestión que solo puede aprobarse de la mano del diálogo social y del acuerdo entre patronal y sindicatos”, añadió.
En este sentido, criticó que en este tema la vicepresidenta segunda del Gobierno “ha decidido tomar parte entre la patronal y los sindicatos y ejercer como una sindicalista más” cuando lo que debería hacer es mediar entre los agentes sociales para buscar acuerdos”. “Lamentablemente no sabe hacerlo porque ellos están en la imposición, en la provocación, en el enfrentamiento permanente, en dividir a la sociedad y no en unirla”,
