España, uno de los países de la UE con menor gasto en defensa en proporción al PIB, ha presentado su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con el que prevé elevar ese gasto desde el 1,3% en 2024 al 2% en 2025. El Gobierno asegura que la subida se financiará redirigiendo recursos previamente comprometidos, sin afectar al gasto social ni deteriorar las cuentas públicas.
Sin embargo, Morningstar DBRS advierte que mantener este esfuerzo de forma estructural exigirá ajustes presupuestarios persistentes, dada la rigidez del gasto público y la dificultad de generar margen fiscal sin medidas adicionales. Según la agencia, esto podría implicar la congelación de compromisos de gasto, una mayor recaudación tributaria o incluso el uso de fondos europeos vinculados a la defensa.
“Para que España aumente estructuralmente el gasto en defensa hasta el 2% del PIB y mantenga la reducción del déficit, el Gobierno probablemente tendrá que actuar con más firmeza en la reasignación del gasto o buscar nuevas fuentes de financiación”, afirma Graffam, vicepresidente sénior de calificaciones soberanas.
La agencia ha mantenido la calificación de España en A (alta) con perspectiva estable, aunque insiste en que la sostenibilidad de esta política dependerá del enfoque fiscal a medio plazo.
