Más de un año y medio después, los cinco integrantes elegidos por el Ministerio de Seguridad Social han comunicado esta mañana su dimisión en bloque, según ha podido saber elEconomista.es por fuentes del órgano. Estos han tomado esta decisión después de que en este largo periodo no se haya adscrito ningún plan y en consecuencia, no haya contribuido al objetivo para el que fue constituido en un primer momento: servir de complemento a la pensión pública al fomentar el ahorro privado. El hecho de que el fondo permanezca desierto implica que ninguno de ellos ha recibido ninguna remuneración.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social confirman la información, aunque restan importancia a este giro y lo encuadran en un comportamiento «habitual». Esta noticia se ha transmitido a los integrantes de la comisión a media mañana en un comunicado en el que se detallaba que se iniciará el proceso de selección de los sustitutos a través de un concurso público. Según ha podido saber este periódico, uno de los cinco miembros ya había renunciado al cargo hace unos meses y varios de ellos, habían manifestado su descontento ante la paralización del fondo en el que cinco gestoras se habían comprometido a gestionar los 15 vehículos de ahorro.
En el mes de octubre, el Gobierno publicó un Real Decreto con el que modificaba el reglamento para eliminar trabas a su desarrollo, algunas de ellas hacían referencia a la remuneración de los integrantes de la comisión que no comenzaría a abonarse hasta que el fondo no sumara 1.000 millones de ahorro. Según explicaba dicho decreto, no es habitual que estas figuras reciban una contraprestación por ejercer esta función en los fondos privados, pero en este caso la retribución sí se ofrece: está ligada a la asistencia a las reuniones y tiene en cuenta la evolución del número de vehículos de ahorro.
Sin embargo, todavía no ha entrado ninguna aportación y el fondo sigue paralizado. Por ello, esta decisión no ha sorprendido a los integrantes consultados por este periódico que hacen referencia al proceso estricto de selección de los candidatos, al régimen de incompatibilidades y a la prohibición de desarrollar en los dos años siguientes una actividad relacionada. La única función del organismo era supervisar estos planes y dado que no se ha incorporado ninguno, este llevaba meses sin reunirse.
Inicialmente, Rocío Eguiraun Montes (ex consejera delegada y ex presidenta de Bankia Pensiones EGFP y Bankia Fondos SGIIC), Lorenzo Esteban Jódar (ex subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), Francisco Javier Garayoa Arruti (ex director general Spainsif), Xabier Ibars (ex subdirector financiero en Nestlé España) y Virginia Oregui Navarrete (ex gerente general de GEROA PENTSIOAK EPSV ), fueron los elegidos por el Ejecutivo junto a cuatro representantes nombrados a propuesta de los sindicatos CCOO y UGT y otros cuatro seleccionados por la patronal, CEOE y Cepyme por un periodo máximo de seis años.
En concreto, según la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, los miembros elegidos para supervisar la comisión deben poseer al menos cinco años de experiencia profesional en la gestión de fondos de pensiones o en otras actividades relacionadas que garanticen el suficiente conocimiento; tener capacidad de supervisión y gestión, y no incurrir en incompatibilidades ni en situaciones de conflictos de interés. Además, en el desempleo de sus funciones deben actuar con «plena independencia» y en defensa de los intereses de las personas partícipes y beneficiarias.
