En 2024, UFD realizó más de 41.600 actuaciones repartidas entre sus zonas de distribución (Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León). De esta forma, la compañía logró recuperar más de 133 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad que equivale al consumo anual de 41.800 viviendas. Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de 12.140 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera. Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 5.175 expedientes, seguida de Castilla-La Mancha (3.384), Galicia (3.191) y Castilla y León (390).
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 155 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 3,7 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.150 viviendas.
El fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico ya que, según la normativa en vigor, el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado, provocando un incremento de los fraudes detectados de alrededor del 300% desde 2021. La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
