En cambio, el vallesano sí ha respondido al cuestionario, algo que el consejero delegado de la entidad, González-Bueno, había adelantado el pasado 8 de mayo durante la presentación de los resultados del primer trimestre.
«BBVA considera que no hay factores de interés general afectados por la operación», señalan estas fuentes, que apuntan a que los compromisos asumidos por el banco ante Competencia favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos. Desde el entorno del banco vasco han señalado que, como parte interesada en el procedimiento, se han trasladado sus consideraciones al propio Ministerio de Economía y al resto de autoridades en el propio procedimiento. Durante el año que esta operación lleva en marcha, BBVA ha defendido que la opa es positiva para clientes, empleados y accionistas de ambas entidades. También han destacado que permitirá elevar la capacidad de préstamo en 5.000 millones.
Por otra parte, el banco presidido por Josep Oliu se ha opuesto a la transacción, al considerarla un peligro para el tejido empresarial -sobre todo para las pymes- y al creer que la oferta de BBVA infravalora el vallesano.
Se trata de la primera vez que el Gobierno emplea una consulta pública para una operación corporativa de este tipo, aunque es un procedimiento habitual en otro tipo de desarrollos normativos. El plazo para participar termina este viernes. El Ministerio de Economía tiene hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no la operación al Consejo de Ministros.
