El documento, publicado por Transportes como la adenda número 6 al contrato OSP vigente para el periodo 2018-2027, señala que «no habiendo sido posible determinar las obligaciones de servicio público que serán objeto de licitación antes del 1 de enero de 2026, […] la entrada en vigor del contrato resultante de la licitación se estima que se producirá el 1 de enero de 2028». Será la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) la que defina qué servicios se abrirán a concurso antes del 30 de junio de 2025, a instancias de la propuesta que eleve el equipo de Puente.
Con este movimiento, el Gobierno pospone la liberalización que debía ensayar el modelo de «competencia por el mercado» en los servicios ferroviarios subvencionados, de los que Renfe mantiene el monopolio. La licitación del 3% estaba concebida como un primer paso para comprobar el interés de otros operadores, acumular experiencia administrativa y avanzar hacia un sistema más competitivo, en línea con la legislación europea. Y es que, más de dos años después del compromiso oficial, el Ministerio de Transportes no ha concretado qué rutas saldrán a concurso. En ausencia de esa decisión, la adenda firmada con Renfe certifica que la liberalización no será efectiva antes de 2028.
En paralelo, operadoras como Alsa, Ouigo o su matriz SNCF han mostrado interés en participar en estas licitaciones, especialmente en trayectos Avant. Sin embargo, han criticado públicamente las dificultades de acceso al material rodante, la falta de instalaciones de mantenimiento y el escaso margen para competir en igualdad de condiciones frente a Renfe.
