A mediados del pasado diciembre el pleno de la CNMC, tras largas negociaciones con su homólogo francés, la CRE, respaldó un acuerdo para salvar el proyecto de interconexión eléctrica submarina con Francia, por el Golfo de Vizcaya, cuyo coste se había disparado hasta un 50% respecto a la inversión inicial. Ambos organismos tienen la potestad de autorizar la infraestructura por ser un activo regulada.
Aunque este había pasado de 1.750 millones de euros en 2017 (año de las primeras consultas) hasta los 2.700 millones a finales de 2022, el organismo regulador español aceptó la propuesta de la CRE de incrementar ligeramente el porcentaje de participación de Francia en la infraestructura, fijado inicialmente en un 27%, frente al 43% que asume España (el restante 30%, corría a cargo de la Unión Europea, que lo había declarado en 2013 Proyecto de Interés Común o PIC). A cambio, el regulador galo logró dos contraprestaciones de España, lo que desequilibraba el acuerdo: que las llamadas rentas de congestión no se revisarían en el futuro, aunque el flujo de energía en la interconexión fuese mayor de España a Francia, y que cualquier sobrecoste adicional lo asumirían los consumidores españoles, que son los que, a la postre, pagarían la red submarina a través de los peajes en su factura de la luz.
Ya en enero, el operador del sistema eléctrico y transportista, Red Eléctrica de España comunicó a la CNMC que el proyecto se había vuelto a encarecer, hasta los 3.100 millones de euros, lo que suponía casi un 80% más respecto a la inversión prevista en un principio.
Ante la magnitud del sobrecoste, debido principalmente a las subidas de las materias primas para la construcción del cable; la incertidumbre sobre el alquiler de barcos cableros o la subida de los tipos de interés, el pleno de la CNMC ha revocado su propio acuerdo de diciembre, según fuentes empresariales.
El acuerdo de la CNMC de diciembre suponía la congelación del reparto de las rentas de congestión, lo que podría perjudicar en un futuro a España que, con más renovables, se puede convertir en exportadora (en las interconexiones, el flujo es mayor desde el país con la energía más barata). En el caso del cable en funcionamiento por los Pirineos, las rentas (la diferencia del precio de la electricidad entre España y Francia multiplicada por la energía que pasa por la interconexión) se destinan a sufragar los costes del sistema
REE, que ha evitado hacer comentarios, es la responsable de construir la infraestructura, junto con su homóloga francesa, Résseau de Transport d’Electricité (RTE), a través de la sociedad conjunta Inelfe. Ambas recibirían una retribución por la inversión y la explotación de la red.
