Este desenlace supone el primer pago de España de un laudo de las renovables, y abre la puerta a otras posibles compensaciones. En este sentido, cabe señalar que actualmente siguen en pie otros 26 laudos internacionales pendientes de pago hacia decenas de inversores que en aquellos años se vieron afectados por los cambios normativos, que alteraron de forma arbitraria y abrupta los incentivos ofrecidos a empresas y fondos. Estas compañías inyectaron más de 70.000 millones de euros en España para desarrollar proyectos de energías renovables. En total, las indemnizaciones reconocidas a los acreedores suman alrededor de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros.
«Por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España. Aplaudimos esta decisión del gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo, en caso de no ser abonados», ha expresado el abogado Matthew D. McGill, socio de Gibson Dunn.
Si bien se han reconocido indemnizaciones por valor de 1.500 millones de euros, las cuantías denegadas son aún mayores. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, se han presentado 51 arbitrajes, en los que se han reclamado a España un total de 10.635 millones de euros. De toda esta cantidad, 7.830 millones fueron ganados en los tribunales por la nación. Mientras, otros 1.291 millones de euros están pendientes de resolución.
Según explican las mismas fuentes, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional rechazaron los recursos presentados por los inversores nacionales contra la rebaja de la rentabilidad. No obstante, muchos acudieron a otras instancias, principalmente a la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde se acogieron al Tratado de la Carta de la Energía —tratado que la Unión Europea abandonó en abril de 2024 al considerar que su aplicación impediría cumplir los objetivos ambientales de la UE—. En dicho arbitraje, el despacho Cuatrecasas asesoró al Gobierno, mientras que del lado de los intereses inversores fue el despacho A&O Shearman.
Son, por tanto y a juicio del ministerio, los laudos procedentes de inversores ajenos a los Estados miembros de la UE los que tendrían derecho a ampararse bajo el Tratado de la Carta de la Energía.
En el caso del laudo sobre la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, gestionado por el fondo Blasket Renewable Investments, fue llevado a los tribunales de Estados Unidos por parte del bufete Gibson Dunn al constatar que España había incurrido en una situación de impago e incumplimiento. Tras denunciar a España en 2015, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial dictó en 2021 a favor de la ingeniería japonesa, la cual debía recibir 23,5 millones de euros procedentes de España. A esta cifra, además, había que añadir 5,4 millones en concepto de intereses de demora y casi 1,8 millones por la condena en costas, haciendo un total de 31 millones. No obstante, no se ha desvelado la cifra que finalmente ha recibido tras la llegada de un acuerdo.
En aquel laudo, el tribunal del Banco Mundial concluyó que las modificaciones de las primas renovables vulneraron principios fundamentales de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía. Hasta entonces, JGC Corporation había desarrollado dos plantas de energía fotovoltaica en Andalucía y, al sufrir los cambios retroactivos entre 2010 y 2014, procedió a denunciar. «Al incumplir sus obligaciones internacionales, España solamente termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras”.
