«Lo ideal sería que el propio sector estuviese de acuerdo con este tributo ante los beneficios que viene registrando en los últimos ejercicios», ha señalado. Durante su intervención en las Jornadas sobre los retos económicos y sociales del sector bancario en España, ha argumentado la necesidad de que no decaiga dicha figura ante la «injusticia fiscal» que se produce en España, dado que el 85% de la recaudación del IRPF procede en el momento actual de las rentas del trabajo.
Díaz justifica su posición en el hecho de que al igual que en la crisis financiera se accedió de forma democrática al rescate bancario, cuyo coste ascendió a 71.833 millones, ahora le toca a las entidades asumir su rol como un bien de interés general y aportar lo que le corresponda a pagar. La responsable de Trabajo ha aseverado que la banca asume un rol de servicio estratégico con alto impacto en la vida cotidiana de millones de personas, por lo que debe estar sometida al interés general. El acceso al crédito, al ahorro o a una cuenta corriente no puede depender del código postal ni de la posición de clase que se ostente», ha precisado. Precisamente, Díaz ha acompañado este jueves a la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Martínez Barbero, para anunciar la presentación de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para designar la actividad bancaria como un Servicio de Interés Económico General (SIEG). La idea es que las entidades estén sujetas a cumplir ciertas obligaciones de servicio público como la concesión de una cuenta corriente sin comisiones y gratuita. La formación recupera de nuevo su propuesta para forzar a la banca a ofrecer hipotecas a tipo fijo y regulado bajo la premisa de blindar a los hogares de la volatilidad de los tipos de interés.
De forma paralela, Díaz también ha abordado la opa de BBVA sobre Sabadell, a la que se ha mostrado totalmente en contra en repetidas ocasiones. En esta ocasión ha vuelto de nuevo a la carga aseverando que una operación de este calado no puede salir adelante con «todos los actores democráticos de Cataluña en contra, incluida la Iglesia. Por este motivo, ha hecho un llamamiento a hacer una reflexión profunda y «pública» acerca de la misma pues considera que la rentabilidad «no puede estar jamás por encima de los derechos económicos de los ciudadanos».
El encuentro ha contado con la participación de la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, quien ha replicado que la puesta en marcha del citado impuesto es «regulación ideológica» y asevera que lo «mejor que puede hacer el Ejecutivo es eliminarlo». La líder de la patronal bancaria incide en que ningún país más allá de España gravará al sector con esta tasa por más de tres años y subraya que su continuidad representa una «capa adicional de lastre» y que además les restará capacidad para competir y aportar mayor valor al progreso social.
