Cinco fuentes comunitarias distintas han confirmado este asunto al periódico Politico. El resto del bloque, en cambio, intenta acabar con su restante dependencia energética de Moscú. El pasado martes, la UE presentó una propuesta legislativa para acabar con las importaciones de gas ruso a los Veintisiete para 2027, en un esfuerzo de Bruselas por cortar, de una vez por todas, una vital fuente de ingresos para Rusia en la guerra de Ucrania. Lo hizo, según el citado periódico, bajo la presión de Pedro Sánchez.
Pero para conseguirlo, la administración europea tuvo que enfrentarse a un obstáculo inesperado: Teresa Ribera, la responsable de energías limpias de la UE, defensora de la agenda verde, firme partidaria de Ucrania y exministra del Gobierno de España. Un portavoz de Ribera, en cambio, ha calificado las acusaciones de «absurdas» y asegura que la política española había pedido varias veces a las empresas que dejaran de comprar energía rusa.
Sin embargo, según tres funcionarios de la UE y dos diplomáticos europeos consultados por el citado diario, Ribera intervino varias veces mientras los miembros del ejecutivo de la UE redactaban la estrategia en los últimos meses. Afirman que lo hizo por miedo a que las empresas españolas recibieran una avalancha de demandas desde Moscú.
«Durante cinco semanas, Ribera estuvo diciendo que no se había hecho una buena evaluación y que el riesgo de recibir demandas de los rusos era alto», dice uno de los funcionarios, que asegura que la política española «usó su papel de vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para intentar debilitar los planes». Durante ese tiempo, Ribera ha ejercido presión sobre el equipo cercano al responsable de energía de la UE, Dan Jørgensen, encargado de la estrategia y que, en teoría, trabajaba para ella, según explica el mismo responsable, pero su «gabinete se mantuvo firme» y no cedió en la estrategia general.
A pesar de eso, al final, el esfuerzo llevó a un último cambio en el texto, que deja una puerta abierta para que vuelvan las importaciones rusas, según dos funcionarios. Esta posición está apoyada también por los países de la UE tradicionalmente más favorables a Moscú: Austria, Hungría y Eslovaquia. El portavoz de Ribera reconoció que la comisaria estuvo involucrada en la preparación de la propuesta, pero aclaró que lo hizo para defender los intereses de Europa. «Hemos ayudado a elaborar una propuesta sólida y jurídicamente robusta, y ayudado a responder a las preocupaciones de otros», afirmó, refiriéndose a los países sin salida al mar que tienen menos alternativas al gas ruso por gasoducto.
Esta presión llega mientras la UE busca cada vez más vías para socavar los fondos de guerra de Rusia y trata de superar la oposición de Bratislava y Budapest, que poseen poder de veto para las sanciones y dependen mucho de las importaciones rusas. La prohibición, basada en leyes de energía y comercio, solo necesita una mayoría cualificada de capitales de la UE para ser aprobada.
Pero España, tercer mayor comprador de gas natural licuado de Moscú en la UE, también podría verse afectada por la prohibición. Actualmente, el país está obligado a comprar gas a la empresa rusa Novatek hasta 2042, según un contrato de largo plazo firmado con la empresa energética nacional Naturgy. El año pasado, España importó 4,7 millones de toneladas de GNL de Moscú, según datos de la plataforma de materias primas Kpler. Si bien la Comisión insistió en que la prohibición ofrece una manera segura para que las empresas rompan contratos con compañías rusas antes de tiempo, expertos señalan que esta medida podría exponer a los importadores europeos a responsabilidades legales, obligándolos a pagar millones en multas si pierden en los tribunales.
«Podrían iniciarse demandas de arbitraje por parte de contrapartes rusas», explicó Agnieszka Ason, abogada especialista en energía e investigadora principal en el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, y actualmente, «la propuesta de la UE… no garantiza el éxito de la prohibición».
Por eso intervino Ribera, según afirman los funcionarios, que aseguran que lo hizo presionada por el presidente español, Sánchez, aliado cercano de la responsable europea. A pesar del apoyo público de Madrid al plan, «España estaba especialmente preocupada [porque] hubo una fuerte presión desde el gobierno para determinar quién asumiría el coste» de posibles demandas, dijo un segundo funcionario de la UE.
