A la mañana siguiente se conocía el informe de la UCO en el que Santos Cerdán, su colega de negociación convertido en amigo personal, quedaba retratado como el cabecilla de una trama de corrupción muy parecida al caso Palau, que dos décadas antes se llevó por delante a CiU, el partido de Puigdemont. Con la amnistía más cerca que nunca —dado que el Tribunal Constitucional ya había fijado fecha para dictaminar—, la caída de Santos Cerdán resultó un auténtico jarro de agua fría en Waterloo y descolocó a Puigdemont.
Es difícil, por no decir imposible, no vincular a Puigdemont y a Jordi Turull, por su buena relación con Cerdán, con la contratación del gerundense Benet Salellas como abogado por parte del ya exsecretario de organización del PSOE. El hermano del ahora abogado defensor de Cerdán es alcalde de Gerona, cargo que también ocupó Puigdemont.
Salellas no es un cualquiera: exdiputado de la CUP, partido independentista y de extrema izquierda, fue una de las figuras clave que empujó para apartar a Artur Mas de la investidura a la presidencia de la Generalitat. Este movimiento abrió a Puigdemont las puertas de la presidencia de la Generalitat, viniendo de formar parte en un lugar discreto de la candidatura de su partido.
Junts no se plantea dejar tirado a Sánchez. Es más, si hace dos meses defendía que Sánchez debía someterse a una cuestión de confianza, ahora aboga por justo lo contrario. Si hasta hace una semana era Junts el que apretaba a Sánchez y ERC era dócil, ahora las tornas han cambiado.
Y es que ERC ve en la debilidad de Sánchez la oportunidad de rehacerse electoralmente; en cambio, en Junts temen que Sánchez caiga sin que se hayan materializado las principales concesiones pactadas: la amnistía, competencias en inmigración, financiación privilegiada para Cataluña oficialidad del catalán en Europa, etc.
No hace muchos días GESOP, una empresa demoscópica muy especializada en Cataluña, dado que realizó las encuestas para el CEO —el «CIS catalán»— durante el gobierno de José Montilla, otorgaba a Junts, en caso de celebración de elecciones generales, entre 4 y 5 escaños. Estos son dos o tres menos de los famosos siete escaños que hoy tiene Junts. Con cuatro diputados, Junts quedaría en el grupo mixto, perdería mucho dinero y visibilidad mediática y —lo que es peor— la capacidad de influir en el nuevo gobierno. La encuesta, publicada por El Periódico, también revela que sólo el 59,6 % de los catalanes apoyan la amnistía. Como es previsible, es la comunidad autónoma donde la amnistía suscita más apoyo, pero está lejos de ser unánime.
¿Se plantea Junts hacer caer a Sánchez? En Barcelona nadie contempla esta posibilidad. La reunión de Turull con Sánchez no fue cualquier reunión. Era la primera vez que el secretario general de Junts, indultado por el Gobierno, pero inhabilitado por el Tribunal Supremo, pisaba la Moncloa tras su condena e indulto. En la reunión se habló de futuro y de temas de calado, de reforma constitucional, de monarquía, e incluso de referéndum. Nada quedó en el tintero. Sánchez pretende dar lo que sea a Junts a cambio de que Puigdemont anuncie el apoyo a los presupuestos generales del Estado para 2026. Confía en que eso arrastraría al resto de socios y le garantizaría su permanencia en la Moncloa hasta 2027 pero en Junts, a pesar de no querer derribar a Sánchez, dudan. Nadie sabe que más queda por salir y si Sánchez se verá directamente implicado en los audios.
Junts no quiere perder su actual posición de privilegio, pretende seguir exprimiendo el limón de la debilidad sanchista pero temen que en su caída Sánchez los arrastre también a ellos.
