«Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón», ha dicho Corredor en su discurso. Es más, la presidenta de Redeia ha explicado que «el cero peninsular del 28 de abril puso a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero también demostró la incontestable ventaja que brinda el modelo TSO para la seguridad y fortaleza de nuestro sistema eléctrico».
De hecho, ha calificado este momento como el «más desafiante» y como la «mayor prueba de resiliencia» de los 40 años de trayectoria de la compañía.
Durante su intervención, Corredor ha explicado cómo este modelo -mediante el que la operación y el transporte se integran en una misma entidad, Red Eléctrica- permitió «una rápida y eficaz reposición del sistema», demostrando así su eficiencia y neutralidad. Tanto la presidenta como el consejero delegado, García Merino, han reiterado su confianza en el trabajo de los profesionales del operador del sistema (OS), «antes, durante y después del incidente» y su vocación de servicio.
Ambos han hecho hincapié en el informe recientemente presentado por Red Eléctrica, apenas 50 días después y en cumplimiento de la normativa vigente. Se trata de un análisis técnico que complementa al resto de investigaciones en curso con transparencia, objetividad e independencia. Corredor también ha valorado muy positivamente el Real Decreto Ley 7/2025 aprobado el pasado martes en Consejo de ministros. Un RDL que, según ha comentado, refrenda la actuación de Red Eléctrica durante el incidente, en línea con las causas identificadas en su informe y con las recomendaciones incluidas en él.
También este nuevo paquete normativo es una «muestra de confianza en el buen hacer de Red» y consolida su posición neutral e independiente como TSO ya que le atribuye además nuevas funciones y competencias en el ámbito de la gestión de datos de clientes finales y de información dinámica de los puntos de recarga públicos. Asimismo, la presidenta ha hecho alusión al impacto que el apagón ha tenido en la reputación de la empresa, y ha comentado que «los numerosos episodios de desinformación o de información interesada, que han intensificado la presencia y el escrutinio público sobre la imagen de Redeia».
Además, ha puesto el foco en «el uso malintencionado de partes descontextualizadas de informes financieros de la compañía con el fin de generar titulares sesgados sobre una supuesta previsión de riesgo del apagón por nuestra parte».
En otro orden de cosas Corredor, ha salvado su particular batalla manteniendo, al menos por el momento, su cargo a salvo ante la petición de su cese por parte de varios accionistas.
De manera sorpresiva, algunos accionistas solicitaron la inclusión en el orden del día la petición de dimisión de la presidenta de Beatriz Corredor como consecuencia de la gestión del sistema eléctrico durante el apagón del pasado 28 de abril.
Tras ser aceptada, la junta otorgó cuatro minutos para votar casi de manera improvisada el 13º punto, el cual incluía la destitución de Corredor. Sin desglosar el porcentaje de votación, la propia Corredor comunicó a los presentes que la votación relativa al último punto del orden del día quedó rechazada. No obstante, de este resultado se deduce que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha mantenido una postura favorable a Corredor en la votación.
Sobre la gestión económica, la presidenta destacó el progresivo aumento de la inversión del TSO en los últimos años, así como la respectiva subida fijada para este año. «En el primer trimestre esta inversión ha sido un 70% más alta que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y nuestro objetivo es cerrar este año en los 1.400 millones de euros de inversión, lo que va a permitir superar los 4.200 millones acumulados en el periodo 2021-2025, muy por encima de la previsión inicial».
En cuanto al desarrollo de la junta, los accionistas votaron favorablemente a todos los puntos contenidos en el orden del día propuestos por los consejeros, destacando los nombramientos de Arancha González Laya, exministra de Exteriores, y Natalia Fabra, exconsejera de Enagás, como nuevas consejeras de la compañía.
También se procedió a la entrada al órgano de Albert Castellanos Maduell, economista y político afín a ERC, y se renovó a José María Abad Hernández, sin vinculación directa pero históricamente asociado al PP.
