En él se señala que España presenta una estructura fiscal que impone una de las mayores cargas impositivas sobre el tejido empresarial entre los países desarrollados. Este hecho tiene implicaciones profundas no solo desde el punto de vista recaudatorio, sino también en términos de eficiencia económica, competitividad e inversión. En un contexto internacional marcado por la competencia fiscal entre jurisdicciones por atraer capital, talento y actividad productiva, la elevada contribución empresarial al sostenimiento del sistema tributario español constituye una desventaja estructural.
El nuevo indicador de contribución fiscal empresarial total desarrollado a partir de los datos de la Tax Foundation no solamente incluye los impuestos tradicionalmente considerados como impuestos empresariales, como son el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones sociales a cargo del empleador; sino que, además, considera todos los impuestos de los que las empresas son legalmente responsables y que por lo tanto son soportados por las mismas de forma parcial o total, como pueden ser la imposición indirecta específica o especial que afecta a la empresa y las tasas o impuestos locales pagados por las empresas.
Las empresas en España no solo pagan impuestos directos, sino que asumen un rol central como agentes recaudadores del sistema impositivo al gestionar tributos como el IVA, las cotizaciones sociales o las retenciones del IRPF. Esta función dual (como contribuyentes y recaudadores) convierte al tejido empresarial en el auténtico pilar del sistema fiscal. Este informe del IEE ofrece una visión sobre el papel de las empresas en el sistema fiscal español, a partir de un indicador de contribución global basado en fuentes internacionales como la Tax Foundation y la Comisión Europea. El objetivo es proporcionar evidencia empírica que permita repensar el diseño del sistema impositivo, con foco en la competitividad de la economía española. Una de las principales conclusiones del estudio es que las empresas en España asumen un esfuerzo fiscal excepcionalmente elevado. Si bien tradicionalmente se mide su carga mediante el Impuesto sobre Sociedades, esta visión resulta limitada, por lo que debería analizarse no solo el conjunto de los impuestos y cotizaciones que pagan las empresas, sino también los costes directos e indirectos que suponen para la mismas la administración y gestión de los mismos.
• España está entre los países con mayor dependencia de la recaudación proveniente de las empresas. Las empresas españolas contribuyen globalmente de forma directa e indirecta hasta el 48,8% de la recaudación total, frente al promedio de la UE en que las empresas aportan el 39,4%.
• La contribución fiscal total de las empresas españolas con relación al PIB, es de un 17,8%, claramente por encima de la media de la UE (14,8%).
• Las empresas españolas soportan un elevado esfuerzo fiscal ya que su contribución global impositiva se sitúa en el 41,6% del Excedente Bruto de Explotación, frente al 31% de la OCDE. España está entre los cinco países del mundo desarrollado con mayor carga fiscal empresarial en relación al excedente bruto en términos de contabilidad.
• España es uno de los dos países de la UE que más han subido los impuestos sobre las empresas en la última década, con el consiguiente freno a la actividad empresarial.
• La complejidad normativa en España es un 16,5% mayor que la media de la UE. Este exceso afecta especialmente a las pymes, que enfrentan altos costes administrativos en el cumplimiento fiscal.
• La mayor contribución fiscal de las empresas españolas en relación a nuestro entorno es un factor explicativo de nuestro menor nivel de inversión y ocupación, y de nuestro inferior tamaño empresarial, factores ambos que a su vez están explicando nuestra brecha de renta per cápita inferior.
Es obligado, llegados a este punto que se eviten subir los impuestos sobre las empresas y, que ,por el contrario, se plantee una reforma fiscal que prime la competitividad fiscal de las figuras que gravan a las empresas.
Para cuantificar esta carga, el IEE ha presentado el índice del peso de la contribución fiscal empresarial total en los países de la OCDE, en el que se observa que España presenta una de las mayores presiones fiscales sobre la actividad empresarial en los países de la OCDE y de la UE. Según ha señalado Enache, economista de la Tax Foundation “España es el cuarto país, tanto de la OCDE como de Europa, con mayor dependencia fiscal de las empresas, ya que el 48,8% de la recaudación total proviene de impuestos sobre la actividad empresarial, frente al 39,4% de la UE. Así, España muestra una dependencia del sector empresarial que supera en 10 puntos la media de la UE». Además, cuando se observa esta carga con relación al PIB, los impuestos empresariales en España representan un 17,8%, claramente por encima de la media de la OCDE (12,8%) y de la UE (14,8%).
El dato más significativo surge al analizar la presión fiscal sobre el Excedente Bruto de Explotación (renta empresarial). El peso de la contribución fiscal, en términos de esta renta empresarial en España, es del 41,6%, magnitud muy superior a la media de la OCDE (31%). Esto refleja que, en proporción a las rentas empresarial generadas, las empresas españolas están sujetas a una de las mayores cargas fiscales de la región. Aunque países como Francia (52,5%) o Austria (46,4%) muestran niveles aún más altos, la posición de España en el quinto puesto en este ranking sigue siendo elevada y preocupante.
El Índice del peso de la contribución empresarial fiscal total muestra que, en 2023, España presentaba, en relación a la recaudación, una fiscalidad empresarial superior, aproximadamente, en un 24% a la del promedio de la UE y casi un 30% más elevada que la media de los países más desarrollados. Este dato sitúa a España entre los países europeos con una mayor contribución de las rentas empresariales a los ingresos públicos, tan solo por detrás de la República Checa, Polonia y Eslovaquia. Estos datos complementan aquella información que proviene del cálculo de la presión fiscal empresarial. En estos términos, España alcanza el 12,3% en 2023, superando ampliamente la media europea (10,2%) y a economías relevantes como Alemania (9,9%), Grecia (8,1%) o Suecia (6%). En términos comparativos, España se sitúa entre los países con mayor presión fiscal empresarial del entorno desarrollado.
La penalización fiscal de la actividad empresarial en España, en relación a nuestro entorno, tal y como se observa en prácticamente la totalidad de los indicadores, se ha visto agravada en la última década. En este sentido, España es uno de los dos países de la UE, siendo el otro los Países Bajos, donde más ha subido más el peso de la presión fiscal empresarial en relación al PIB entre 2013 y 2023, último dato disponible.
El análisis del Impuesto sobre Sociedades revela que España aplica un tipo nominal del 25%, por encima de las medias de la OCDE (23%) y de la Unión Europea (21,8%). Aunque el tipo nominal no refleja por sí solo la carga efectiva, al incorporar deducciones e incentivos, el tipo medio efectivo ajustado por inflación también sitúa a España en una posición elevada: el 23,3%, frente al 21,9% de la OCDE y al 19,9% de la UE. Esta realidad fiscal no solo sitúa a España por encima de países tradicionalmente atractivos para la inversión, como Irlanda, Hungría o Bulgaria, sino también al nivel de países con una fiscalidad más exigente como Bélgica o Chile
Este menor diferencial entre el tipo nominal y efectivo del impuesto sobre las rentas empresariales muestra que el sistema de incentivos fiscales para las empresas que se determina en nuestro marco tributario es menos competitivo que el que se establece en otras economías avanzadas. Esto tiene una incidencia directa sobre los procesos de acumulación de capital, es decir, sobre las inversiones y planes de amortización de la mismas, así como en la I+D+i, factores determinantes de la mejora de la productividad de la economía española y, por ende, sobre la renta per cápita y el bienestar social.
Otro componente fundamental del esfuerzo fiscal empresarial son las cotizaciones sociales a cargo del empleador, donde, de nuevo, España presenta una estructura fiscal particularmente gravosa para el tejido empresarial en el contexto de la Unión Europea. En el caso español, estas representan el 25,8% del total de la recaudación fiscal, muy por encima del promedio europeo del 17,9%. Este dato sitúa a España como una de las economías europeas que más carga social impone a las empresas. Esta elevada carga sobre el factor trabajo contrasta con la media europea, lo que sugiere una estructura fiscal desequilibrada en la que el esfuerzo recaudatorio se concentra en los costes laborales y es un factor claramente distorsionante para que se reduzcan los desequilibrios que se producen en el mercado de trabajo en España.
En cuanto a la fiscalidad sobre los dividendos, España presenta un tipo de imposición sobre dividendos del 28%, por encima de la media de la UE (24%). Este dato refleja que España mantiene una presión fiscal considerable sobre los ingresos por dividendos, a lo que ha de añadirse un elevado tipo efectivo sobre las rentas empresariales, lo cual tiene implicaciones negativas no solo en la actividad y en las decisiones de inversión empresarial, sino también en la canalización del ahorro hacia este tipo de activos por parte del accionista; ello condiciona los procesos de acumulación de capital y, por ende, la productividad y la competitividad del país frente a otras jurisdicciones con regímenes fiscales más favorables.
Junto a lo anterior, la complejidad normativa del sistema tributario representa un coste adicional significativo para las empresas, más allá de la carga fiscal directa. Los datos revelan que España presenta un sistema tributario notablemente complejo, siendo un 16,5% superior a la UE y un 9,9% superior a la OCDE. Este nivel de complejidad es comparable al de países como Turquía y Armenia, y refleja una carga significativa en términos de costes de cumplimiento para las empresas.
Esto es especialmente preocupante para las pymes, puesto que, en términos de coste para estas empresas de menor dimensión, estos pueden suponer casi un tercio de lo recaudado sobre las mismas. En concreto, este coste es, aproximadamente, un 5% superior al promedio de la UE, quedando por encima de economías como Alemania, Bélgica, los Países Bajos e Irlanda. En este contexto, España se encuentra entre los países con mayores costes, por lo que aún tiene margen de mejora para reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento fiscal, especialmente si se compara con modelos más eficientes como los bálticos o los nórdicos.
Más allá de los impuestos que pagan directamente, las empresas actúan como vehículos fundamentales en el proceso de recaudación fiscal, canalizando ingresos públicos mediante tributos indirectos o retenidos a cuenta de terceros, como trabajadores o consumidores. Esta doble función constituye uno de los pilares de la sostenibilidad financiera del Estado moderno. En los países desarrollados, el 85% de los ingresos fiscales totales proceden de tributos que las empresas pagan o recaudan, una cifra que, en el caso de España, asciende al 89%, situándose en el grupo de los países donde el tejido productivo asume un mayor peso dentro del sistema impositivo. Este dato contrasta con la narrativa habitual que sugiere una baja fiscalidad sobre el capital y evidencia el rol estructural que desempeñan las compañías como principales contribuyentes y financiadoras del Estado.
En suma, el panorama tributario español se caracteriza por una fuerte dependencia de la aportación empresarial, tanto en términos directos como indirectos. Sin embargo, esta estructura se encuentra tensionada por una alta presión fiscal efectiva. La existencia de esta brecha entre presión y rendimiento impone la necesidad de replantear las prioridades del sistema impositivo español. Aumentar la carga fiscal empresarial en un país donde las empresas ya sostienen el grueso de la recaudación podría producir efectos contractivos en la economía, al erosionar los márgenes empresariales, dificultar la contratación y limitar el crecimiento del capital productivo. Por tanto, la sostenibilidad fiscal no debe basarse en un sobresfuerzo de quienes ya mantienen el sistema, sino en la ampliación de las bases tributarias, la mejora de la eficiencia administrativa y la simplificación normativa.
Es por ello, que Bunn, presidente de la Tax Foundation, ha señalado que «los responsables de políticas públicas deberían valorar el aporte de las empresas y reconocer que el gobierno necesitas menos recursos para gestionar el sistema tributario ya que son las propias empresas las que se encargan de esa gestión: el cumplimiento, la documentación y el ingreso de estos impuestos”.
Así mismo, durante su intervención, ha indicado que «si además sumamos los impuestos que las empresas españolas recaudan y transfieren en nombre de terceros, y los costes de cumplimiento, las empresas españolas soportan una carga fiscal equivalente al 115% de la recaudación fiscal total”. A lo que ha añadido que “por ello, los policy-makers deben valorar el beneficio de obtener más ingresos de las empresas frente al daño económico causado por la pérdida de inversión, empleo y crecimiento ocasionado por el aumento de la presión fiscal».
En definitiva, España necesita avanzar hacia un modelo fiscal competitivo que combine estabilidad y neutralidad, garantizando tanto la financiación de los servicios públicos como el desarrollo del sector privado, que constituye el verdadero motor de generación de riqueza y bienestar económico.
