Las dos organizaciones empresariales califican de «incomprensible» la actitud del Ejecutivo y reprochan que utilice «foros clave para el diálogo social como moneda de cambio de intereses partidistas», en alusión a las negociaciones llevadas a cabo en los últimos años con Junts para salvar algunas votaciones en el Congreso de los Diputados.
Garamendi había expresado en la última Junta Directiva de su organización su intención de que ningún representante de CEOE o Cepyme se presentara en la primera reunión convocada por la cartera de Industria desde la renovación de asientos, a modo de protesta contra la inclusión de organizaciones que consideran que no son representativas del tejido empresarial. CEOE y Cepyme aseguran ser las organizaciones reconocidas como agentes sociales por la Constitución Española, a pesar de que la Carta Magna no designa a ninguna en específico y se limita a reconocer el papel de las asociaciones empresariales.
Esta hubiera sido la primera vez en las que las cuatro organizaciones empresariales habrían coincidido en una reunión de un foro del diálogo social, dado que el Gobierno ha iniciado los trámites para incorporar a Pimec en otros órganos como el Consejo Económico y Social (CES), el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Consultivos (CCNCC) y probablemente, a medio plazo, en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) que recuperará después de diez años. Sin embargo, a fecha de hoy, ninguno de estos movimientos se ha materializado en la asignación de un asiento.
No obstante, lo que más preocupa a las organizaciones presididas por Garamendi y la recién elegida de Miguel es la reforma de la representación de las pequeñas y medianas empresas en las mesas de diálogo social. Un aspecto recogido en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar y que Moncloa ha trasladado a las diferentes organizaciones su intención de llevar a cabo. Este cambio supondría un punto de inflexión en las relaciones entre el Gobierno y los agentes sociales, ya que si bien hay otros sindicatos en órganos como el CES, hasta el momento solo CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han sido convocados por los diferentes ministerios a la hora de modificar las normativas.
Es por ello que desde el flanco sindical también reconocen los problemas que ocasionaría la ruptura de este modo de proceder e incluir a terceras organizaciones empresariales, ya que dan por sentado que CEOE y Cepyme se levantarían de las mesas de negociación. Al mismo tiempo, dentro de las organizaciones sindicales CCOO y UGT también tratan de conservar la relación directa con el Ejecutivo frente a las demandas de otras agrupaciones como ELA, LAB o CIG que demandan una participación real en los proyectos normativos, aunque en el territorio de Cataluña no hay ningún sindicato que reúna los números para disputarles esta representatividad.
